El notable incremento de la actividad en 2018 y 2019 ha conllevado que el importe total de las sanciones impuestas por el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca desde su creación haya alcanzado ya los 10.048.295 euros. No obstante, los informes incluidos en la Cuenta General del Consell del año pasado reflejan que su problema es el bajo índice de cobro. A 31 de diciembre de 2019 apenas se habían ingresado cerca de 700.000 euros por este concepto, un 7 por ciento.
Más de la mitad del importe total de las sanciones del Consorcio se ha impuesto durante 2019. Corresponden al año pasado 5,5 millones de euros en multas. Esta cantidad incluye, no obstante, 375.107 euros que derivan de expedientes cerrados en años anteriores. Esto sucede porque, como indican los servicios económicos del Consell, en 2016 y 2017 solo se tuvieron en cuenta a efectos contables las sanciones cobradas, no las impuestas, lo que generó una anomalía con unas cifras de derechos de cobro muy bajas. Esto se empezó a corregir en 2018, cuando parte de los 3,6 millones de euros en sanciones que se atribuyen a ese año son también de expedientes de ejercicios previos. En concreto, 562.316 euros. La misma situación se tuvo que corregir en 2013, según los informes que aparecen en la Cuenta General de 2019.
El hecho que una parte significativa de estas sanciones se remonte a años anteriores provoca que 1,4 millones de euros se califiquen de dudoso cobro, una cantidad que se determina con unos porcentajes en función de la antigüedad del expediente. Más de medio millón de euros pendientes de ingresar corresponden a años anteriores a 2016.
El conseller de Economía y Territorio, Miquel Company, explica que en los últimos años se ha producido un importante incremento de la actividad en el Consorcio, en parte porque el número de juristas de este organismo ha pasado de uno a dos. Esto ha permitido concluir un mayor volumen de expedientes. Una muestra de ello es que por la Junta de Gobierno del Consorcio pasaron en 2019 un centenar de expedientes, por los alrededor de setenta de 2017.
En cuanto a la demora en los cobros, Company comenta que muchos de las sanciones concretadas en 2019 tienen todavía un largo recorrido. Algunas incluso acaban en los juzgados, lo que detiene el proceso de cobro. Además, en determinadas condiciones, si se produce una regularización del bien objeto de la sanción, se pueden llegar a aprobar bonificaciones que alcanzan el 95 por ciento del importe. También se establecen pagos fraccionados.
El Consorcio tiene aún pendiente la incorporación de un gerente y están abiertas las reuniones con el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran para fijar las condiciones de su salida, según Company, con buen nivel de entendimiento.