El Consorcio de Suelo Rústico del Consell le obliga a abonar una multa de 2.060 euros durante 12 meses si no derriba la edificación del hortal que posee en la zona de La Paloma, junto a la carretera de Es Grau, en Maó. De no hacerlo, transcurrido este tiempo, será el propio Consell quien proceda a la demolición cargando los gastos al propietario.
Es la resolución definitiva del expediente que ha tenido un largo proceso de más de 10 años de duración, cuando el Consorcio resolvió que Fernando Navarro, jubilado de Maó, debía demoler la edificación por haber realizado «una obra consistente en la construcción de una edificación de nueva planta ampliando la caseta existente de antigüedad indeterminada». El Ayuntamiento, indica la resolución de octubre de 2010, le había concedido años atrás la licencia para cambiar la cubierta pero no para obras de reforma, que incluyeron una pequeña ampliación de unos 10 metros cuadrados.
La obra se ha valorado en un importe de 20.604 euros, de ahí que la multa mensual corresponda al 10 por ciento de esta suma.
El propietario recurrió ante el Juzgado Contencioso Administrativo por la caducidad del expediente sancionador y porque estimaba que no había cometido infracción urbanística al no haber levantado ninguna edificación de nueva planta, como indica el expediente del Consorcio. El juez le dio la razón pero el Tribunal Superior de Justicia, al que recurrió el Consorcio, declaró que la orden de demolición impugnada estaba ajustada a derecho.
«No puede ser, la caseta, que ni siquiera tiene dormitorio, figura en el catastro, es de 1995, yo tuve la licencia del Ayuntamiento, y además la sentencia favorable del tribunal», explica Fernando Navarro. Dispone de cédula de habitabilidad y la construcción alcanza los 39 metros cuadrados, «todo lo hicimos legal, si acaso, que me hagan derribar los 10 metros que amplié pero no toda la caseta, es una injusticia porque además yo no puedo pagar 2.060 euros al mes».