Un total de 32 entidades sociales se han unido para trasladar al equipo de gobierno del Consell de Menorca su rechazo a la aprobación inicial de la reforma del Plan Territorial Insular (PTI).
En un comunicado conjunto expresan su «preocupación e indignación» por la reforma de la normativa que regula el urbanismo en la isla, y consideran que su aprobación por parte del ejecutivo insular «es una clara involución respecto al anterior de 2003 y abre la puerta a más cemento, contaminación y masificación».
Además, reivindican el papel de la isla como Reserva de la Biosfera y exigen un cambio de modelo urgente.
«Los menorquines no necesitamos más crecimiento, asfalto, piscinas, restaurantes o aparcamientos en suelo rústico, o en zonas de máxima protección como las ANEIs. No queremos ceder ni un palmo más de territorio para edificar, ampliar o cargar más las urbanizaciones», se afirma en el manifiesto.
Por otro lado, denuncian las incongruencias del PTI en materia de sostenibilidad: «no es sostenible permitir más edificaciones en áreas ya saturadas, ni hacer aparcamientos en suelo rústico, ni permitir servicios que supongan más consumo de agua, energía y territorio».
Por último, proponen utilizar los fondos europeos para la restitución de los ecosistemas, el impulso a la movilidad sostenible y al transporte público, la mejora de los servicios básicos de agua y saneamiento, la implantación de autoconsumo en energías limpias, la protección del mar y la posidonia, el cuidado de nuestro patrimonio, en la protección social y la igualdad de oportunidades.