La implantación de un nuevo modelo para unificar, en una sola solicitud, los procesos de valoración y reconocimiento de la discapacidad y la dependencia se aplaza a junio de este año. Este procedimiento se estableció en el Decreto 91/2019 del Govern balear cuya entrada en vigor quedó en suspenso por otro decreto-ley validado por el Parlament, debido al cierre de servicios durante el confinamiento provocado por la pandemia de covid-19, que restringió totalmente la movilidad.
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, recordó ayer la situación normativa en cuanto a la valoración de la discapacidad y la dependencia a raíz de las iniciativas planteadas por la diputada del PP-Menorca Asunción Pons en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament. El PP ha presentado una batería de preguntas para que Santiago explique las demoras en la valoración de la discapacidad y la dependencia, al tiempo que reclama explicaciones sobre el «modelo pionero» que iba a implantar Balears para simplificar y agilizar trámites.
Santiago salió ayer al paso de esta iniciativa de los populares y negó que haya retraso en la valoración de la dependencia. «Somos de las comunidades autónomas con la espera más baja, y así se reconoció en el Consejo Interterritorial, el órgano en el que se decide el reparto de fondos, donde Balears puntuó altísimo». Sobre la demora media en la valoración y reconocimiento de la situación de dependencia, la consellera de Asuntos Sociales afirmó ayer que el plazo legal es de 90 días y Balears registró de media una espera de 64 días en 2019. En el año 2020, por motivo de las limitaciones causadas por la pandemia, ese plazo aumentó a 93 días, solo tres por encima de lo que contempla la ley y a partir de junio se ha ido recortando. Respecto a la unificación del procedimiento para discapacidad y dependencia, Santiago afirmó que «se está trabajando» para poderlo poner en marcha en junio. Implica que una persona que tenga que valorarse ambas situaciones presente una solicitud única y que se separe el equipo que tramita la valoración del que dictamina el grado de discapacidad o dependencia.