La marcha de 19 funcionarios de los juzgados de Menorca a otros destinos de la Península dos años después de haber obtenido su plaza ha vuelto a poner de manifiesto la discriminación salarial que sufren los empleados del Estado en Menorca, a los que no se actualizan desde hace 14 años los importes que cobran en concepto de indemnización por residencia. Un plus que, en el caso de Balears, es muy inferior al que cobran por el mismo concepto los trabajadores públicos de Canarias, Ceuta y Melilla, pese a tener un coste de vida más alto.
Desde el sindicato CSIF, el primero en denunciar esta situación, apuntan que la escasa compensación por el hecho insular ha sido un factor decisivo a la hora de explicar esta nueva fuga de funcionarios en la Administración General del Estado. Los últimos datos aportados por el Gobierno revelan que los funcionarios públicos en Menorca cobran una media de 87 euros al mes en su nómina en concepto de indemnización por residencia. Los importes oscilan entre los 57 y 108 euros mensuales, según la categoría de cada empleado, unas cifras que no cubren el sobrecoste real que supone vivir en una isla y que han quedado a todas luces desfasadas.
En la última década los sucesivos gobiernos han hecho caso omiso a las peticiones sindicales e incluso a pronunciamientos de las Cortes para aumentar el plus de residencia. La última fue en diciembre de 2018 y obligaba al Ejecutivo central a incluir en los presupuestos una partida que acabara con la discriminación respecto al resto de territorios extrapeninsulares atendiendo a la carestía de vida y del mercado inmobiliario en Balears.