El Ayuntamiento de Ciutadella no desfallece y sigue tratando de cobrar por todas las vías posibles la deuda en concepto de IBI y de otras tasas menores que arrastra el famoso edificio del antiguo hotel Esmeralda –hoy Aparthotel Ferrer Skyline–, que ronda los 810.000 euros por al menos siete años de impagos acumulados. La anterior propiedad del complejo, la sociedad Prisoles Mediterráneo SA, se encuentra en proceso de liquidación y vendió el edificio a la empresa madrileña Edificios Sofia 3 SL. Como quiera que los impagos de IBI no prescriben y se heredan, el Consistorio está dando pasos para poder reclamar la deuda.
Lo hará recorriendo dos vías legales existentes. La primera es la afección de bienes, el traspaso de las deudas tributarias, un proceso que se produce cuando el propietario inicial es un deudor fallido, como es el caso. En ese sentido, el Consistorio tiene pendiente aprobar en breve en junta de gobierno de declaración de insolvencia de Prisoles Mediterráneo, paso previo para transmitir la deuda a la nueva propiedad, que quedaría exenta de los intereses de demora y los recargos. Por este camino el Consistorio quiere reclamar la deuda más antigua, que asciende a alrededor de 450.000 euros.
Para cobrar la cantidad restante de la deuda, 360.000 euros, opta por la vía directa a través de la llamada hipoteca legal tácita, un recurso que ofrece la Ley General Tributaria como garantía de pago de deuda, un impuesto automático y sin el consentimiento de la persona propietaria del inmueble. Este recurso permite al Ayuntamiento reclamar dos años del IBI impagado. Fuentes municipales aseguran a este diario que la nueva propiedad ya ha atendido sus obligaciones tributarias por el inmueble correspondientes al año 2020. Hay que tener en cuenta que el Impuesto de Bienes Inmuebles es la principal vía de ingresos de los ayuntamientos.
Los precedentes del edificio
El hotel Esmeralda fue el segundo en levantarse en Ciutadella. Cerró sus puertas en el año 2007 después de que se levantara la moratoria que impedía su derribo y posterior conversión en un complejo residencial con 166 apartamentos. Las obras terminaron en 2012 y los intentos de comercialización fracasaron por los efectos de la crisis económica, lo que resucitó el interés por darle un uso turístico al edificio. La empresa explotadora Inversiones Lugumon lo reabrió en 2015 como complejo hotelero sin tener licencia, lo que le valió una importante multa –la más elevada impuesta nunca del Consell– que todavía no ha pagado.
Quizá esté equivocado, pero parece que un nuevo hotel en un lugar razonable mejora la oferta y la renta turística , y no debe de ser perseguido por políticos y funcionarios.