El PTI ha originado de momento más críticas que satisfacción entre los profesionales e instituciones que han mostrado su opinión o han presentado alegaciones al mismo, puesto que aún se halla en exposición pública. Los aparejadores, a juzgar por la opinión de su presidente, Miguel Ángel Sicilia, son de los que se muestran notablemente insatisfechos con el resultado final del documento.
«Se trata de un plan de gran influencia, pero ningún agente profesional sabe decir si es bueno o no», declara. La razón de esa indefinición obedece a «que estamos ante un contenido totalmente interpretable, todos tienen dudas», agrega en referencia sobre todo a los anexos.
La clave vuelve a ser la reclamada seguridad jurídica, la que demandan tanto los inversores, los profesionales y los particulares. La opción de la flexibilidad, que es una de las características del documento, se traduce en la citada interpretabilidad, lo que supondría que muchas de las decisiones quedarían al albur del técnico que informe el cumplimiento de requisitos o la viabilidad legal de los proyectos presentados.
El origen del problema estaría, según el presidente de los aparejadores menorquines, «en que no se han dado las directrices necesarias para que el resultado fuera un documento claro y contundente, no va a ser bueno», agrega Sicilia, quien elude manifestarse sobre una orientación u otra, «lo único que necesitamos son unos criterios claros para trabajar».