Era quizá el último fleco que quedaba por cerrar de la convulsa aplicación, por parte de la Conselleria de Educación del Govern de José Ramón Bauzá, del decreto para el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) allá por 2013. La Justicia ha acabado por desestimar la querella por posible delito de prevaricación administrativa que interpusieron los entonces directores de los tres institutos de Maó contra diversos cargos de este departamento por la apertura de otros tantos expedientes sancionadores. Estos acabaron archivados, pero los profesionales afectados estuvieron hasta seis meses apartados de sus cargos directivos como medida cautelar.
La querella fue presentada en abril de 2015. Jaume Bonet, Rafael Andreu y Margarita Seguí argumentaron que la apertura de los expedientes por su actuación con el TIL fue arbitraria, política, cargada de irregularidades y contraria a sus derechos fundamentales. Los querellados: quien era director de Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos, Bartolomé Isern; el entonces secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas; y el inspector que instruyó los procedimientos, José Ramón Mestre.
El caso ha tenido su recorrido. Las distintas sentencias han acabado siendo absolutorias y los recursos presentados llegaron hasta la Audiencia Provincial. Pero tras un auto de esta sala que, este pasado verano, rechazaba la pretensión de los tres directores, estos decidieron cerrar el asunto ante el cansancio acumulado y las pocas perspectivas de alcanzar su objetivo.