La asociación de empresas del sector primario Agrame asegura que el nuevo PTI aprobado de forma inicial por el Consell «es muchísimo más restrictivo que el PTI de 2003» y va a suponer «un importantísimo freno a la actividad económica de la Isla y, en concreto para el sector agrario». Para enmendarlo, ha solicitado al equipo de gobierno insular que escuche a los profesionales y técnicos de este ámbito en «una mesa de trabajo efectiva».
Las alegaciones presentadas por Agrame tienen como objetivo que «se permita generar nuevas inversiones que garanticen la permanencia de las explotaciones agrarias profesionales existentes a través de la modernización de estas y se lleven a cabo nuevos proyectos en fincas actualmente en desuso en lo que respecta a la agricultura y ganadería». El documento que ha sido aprobado por el Consell, lamenta este colectivo, no permite el traslado de volumen ni ningún tipo de incremento ni para uso residencial ni para usos turísticos en suelo rústico.
«El campo de Menorca necesita flexibilidad, seguridad jurídica y eliminación de burocracia innecesaria», exponen desde Agrame. Añaden que «las actividades complementarias vinculadas al alojamiento son imprescindibles para asegurar la viabilidad de muchas fincas. No se entiende la prohibición del alquiler turístico en rústico», más aún cuando se trata de «casas totalmente legales». Considera esta asociación que abrir la puerta a este negocio «diversificaría la oferta y la renta, permitiendo a los propietarios la conservación de estas contribuyendo a uno de los mayores atractivos turísticos de Menorca, que no es otro que los espacios naturales y el campo menorquín».
Que se dediquen a revisar y anular el medieval sistema de "amitges" y se dejen de pamplinas. La tierra para el que la trabaja, no para el que explota al que la trabaja.