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El Consell y cuatro municipios de Menorca se suman a una declaración en defensa del sector del calzado

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El Consell de Menorca y cuatro municipios de la Isla (Ciutadella, Alaior, Ferreries y Es Migjorn Gran) han suscrito junto a otros trece municipios de cinco comunidades autónomas una declaración institucional para mostrar su apoyo al sector del calzado, sus componentes, maquinaria y marroquinería y para reclamar tanto al Gobierno como a la Unión Europea que actúen frente a la crisis y ante la amenaza de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos.

Estos municipios concentran el 90 por ciento de la producción nacional del calzado y la declaración también denuncia la exclusión del sector de las ayudas directas para paliar la crisis.

En total hasta 17 municipios de cinco comunidades autónomas han respondido a la llamada realizada por el alcalde de Elche, Carlos González, con el fin de lograr la unidad de uno de los principales sectores manufactureros.

«Hoy estamos asistiendo a una cumbre histórica de los municipios productores de calzado de España», ha declarado el alcalde de Elche al concentrar el 90% del calzado nacional: «Calzado, componentes, marroquinería... constituyen un sector que no solo genera empleo y riqueza, sino que nos da identidad como municipios y que forma parte de la imagen de la imagen de modernidad y de marca España».

En la declaración se plasma el apoyo al sector «máxime en un momento en que las empresas están iniciando el camino de recuperación de los devastadores efectos de la pandemia». Los alcaldes piden al Gobierno la modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la COVID, de manera que incluya los códigos nacionales de actividades económicas de las empresas pertenecientes al sector, tanto al calzado como tal como a sus componentes y maquinaria, para que puedan optar a las ayudas.

También exigen al Estado cuantas acciones sean necesarias para evitar la imposición de nuevos aranceles por parte de EEUU a los productos de la UE , en respuesta a los recientes 'impuestos a los servicios digitales' implantados por España y otros países europeos.

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