El Consell cambiará el artículo 55 del nuevo Plan Territorial Insular ante la discrepancia expresada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears y todos los ayuntamientos. La causa del desacuerdo es la exigencia para nuevas construcciones de un certificado energético A, la acreditación de la dotación de alcantarillado y un informe sobre recursos hídricos. Ahora la cuestión es saber cuándo se cambiará. Los alcaldes reclaman que sea cuanto antes, sin esperar a la aprobación definitiva del PTI.
El nuevo PTI está aprobado de forma inicial y el artículo 55 ya se aplica. En principio no se podría modificar hasta la aprobación definitiva del texto, que no sucederá pronto. El conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana, prefirió ayer no dar plazos. En la junta de alcaldes, el conseller se comprometió a evaluar fórmulas jurídicas para dejar el contenido del artículo 55 sin efecto antes de la aprobación definitiva. Advierte que no es sencillo y opciones como una aprobación provisional previa, que se valoró el miércoles junto al Colegio de Arquitectos, no se perciben como muy viables aunque se analizará también. Pastrana explica que en el caso del informe de suficiencia de suministro de agua sí ve factible que se pueda aceptar la propuesta realizada por algunos ayuntamientos de que las licencias se puedan aprobar en base a la existencia de los planeamientos generales en cada municipio que garantizan ya el abastecimiento en las zonas urbanas y a los documentos que acreditan el adecuado suministro en los planes de los nuevos espacios urbanizables a medida que se crean. Más complicada parece la cosa en lo que se refiere a que los nuevos edificios dispongan de la calificación A de eficiencia energética. Pastrana asegura que esto cambiará en el PTI definitivo, pero considera «muy complicado» que se pueda dejar sin efecto antes. «Es un aliciente más para llevar a cabo la aprobación definitiva cuanto antes». El conseller está abierto a opciones como rebajar el nivel de calificación exigido o incluso cambiar los parámetros de referencia. «En la Península es más fácil, pero con las técnicas constructivas de aquí es muy difícil, fuimos demasiado optimistas. Esto no se tuvo en cuenta», argumenta con autocrítica. Pastrana defiende la filosofía de sostenibilidad de estos requisitos, aunque admite que «tenemos que ser más cuidadosos para adecuarlo a la realidad y que no demore la actividad».Los alcaldes, a una
En la junta de alcaldes de ayer el discurso de los primeros ediles fue unánime: el artículo 55 del nuevo PTI genera complejidades añadidas a la hora de tramitar proyectos y debe modificarse cuanto antes. «Pedimos que se busque la manera de que quede sin efecto ahora mismo, es contradictorio con nuestro PGOU», indica Héctor Pons (Maó). Francesc Ametller (Es Mercadal) se refiere, por ejemplo, al informe de recursos hídricos, «los planes urbanísticos ya tienen un informe de suficiencia». Algo que es indisociable de las zonas urbanas y que es un requisito para los nuevos desarrollos, una reflexión en la que coinciden varios alcaldes. Lo mismo sucede con la exigencia de disponer de red de alcantarillado, que ya establece la ley autonómica, «no tiene ningún sentido práctico, vamos al revés de lo que debería ser. La misma cosa no se tiene que acreditar dos veces», afirma Ametller.