El GOB asegura que exigir que los nuevos edificios cuenten con una alta eficiencia energética acreditada «no es un capricho del PTI» sino que se deriva de directivas europeas anunciadas hace años. Recuerda que el cuerpo normativo estatal ya lo recoge, estableciendo que desde el 1 de enero de este año el consumo de las construcciones debe ser «casi nulo», con energía «en gran medida procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno».
El GOB insiste en la necesidad de reducir un consumo que se concentra muchos en los edificios. «Se necesitan adaptaciones, no dilaciones». Considera lógico que aún haya pocos edificios con certificado A puesto que el plazo de la normativa es reciente y que haya contradicciones con normas municipales, ya que las normativas superiores «van evolucionando y los planeamientos se tienen que adaptar». Es más, la entidad ecologista argumenta que, para algunas zonas concretas, «no parece razonable que haya normativas municipales que impidan poner placas solares en tejados y que en cambio pueda haber antenas de televisión o aparatos de aire acondicionado».
El GOB considera que sustituir el certificado A, que exige ahora el PTI, por una acreditación de construcción sostenible significaría un incumplimiento de una obligación que no depende del PTI». Ante esto, continua, «parece más lógico plantear el debate para ver como se puede cumplir la normativa europea y estatal buscando que afecte menos a los costes» que no obviar «la vigencia de textos legales».
Sobre la necesidad de acreditar suficiencia en el suministro de agua con un informe de Recursos Hídricos, el GOB expone que responde a la crítica situación actual. «Las instituciones públicas deben aportar soluciones, no evitar los debates incómodos». «Si los informes oficiales son lentos, toca agilizarlos, no pretender suprimirlos».