Alrededor de 30 entidades menorquinas, entre las que se encuentran diversas agrupaciones políticas y sindicales, han puesto en marcha una campaña para acabar con la «sistemática vulneración» del derecho a reunión y manifestación que, según dicen, se ha agravado con la pandemia.
«Las experiencias de los últimos años en el Estado y también en Menorca demuestran reiteradamente la vulneración persistente del derecho de reunión y manifestación», han señalado antes de subrayar que repetidamente sufren «casos de represión hacia personas y colectivos que han salido a la calle para llevar nuestras reivindicaciones al espacio público y alzar la voz».
En concreto, han lamentado que se les ha «querido silenciar a través de denuncias, sanciones, amenazas públicas a través de medios de comunicación», lo que ha provocado un «clima de miedo entre todas las personas que queremos ejercer nuestro derecho a protesta».
Asimismo, han destacado que «gran parte de esta represión ha sido de carácter aleatorio, ya que hablamos de personas que en ningún caso hemos tenido actuaciones indebidas, impropias o violentas durante el ejercicio de la concentración y manifestación».
«Parece que bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Ciudadana se bloquea y se intenta limitar el poder de la gente, la capacidad de organizarse y hacer ruido para reivindicar cuestiones concretas que nos tocan por derecho», han subrayado.
En esta línea, han asegurado que la pandemia «ha hecho más evidente la crisis estructural y sistémica de los gobiernos denominados democráticos». «En Balears y, concretamente en Menorca, se ha optado por alegar motivos sanitarios en la prohibición de convocatorias, para evitar reuniones y manifestaciones públicas», han recalcado.
«Somos diversas personas y colectivos los que hemos sufrido la prohibición, por parte de la Delegación Insular del Estado en Menorca, a la hora de poder salir a la calle a ejercer nuestros derechos, además de sufrir identificaciones, intimidaciones y denuncias aleatorias que una rama de la Policía Nacional aplica de forma sistemática cuando ejercemos nuestro derecho a reunión y manifestación», han concluido.