La demarcación menorquina del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib) está en contra del proyecto presentado por Endesa para que la central de Maó pase a funcionar casi exclusivamente con gas natural. Así se lo han trasladado tanto a las distintas administraciones como a la propia compañía en escritos en los que ponen el foco de sus preocupaciones en el crecimiento previsto de las instalaciones de la térmica mahonesa, que pretende utilizar unos terrenos de 22.500 metros cuadrados propiedad de la Autoridad Portuaria de Balears para destinarlos al almacenamiento del gas natural licuado que se prevé que llegue en barcos al Cós Nou.
Los arquitectos advierten de que estos terrenos estaban destinados exclusivamente al uso portuario y que quedaron excluidos para dicho uso con la actualización de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP) de 2015, por lo que deberían evaluarse como suelo sin uso urbano admisible. Además detallan que colindan al norte con terrenos de alta protección y que están calificados como suelo de alto riesgo de erosión e incluidos parcialmente en la zona de alto riesgo de incendio, además de tener valor paisajístico en S'Altra Banda.
Defienden que tanto la central, como su proyectado crecimiento «ahogan el escaso espacio disponible para el puerto, en un emplazamiento muy inconveniente que impide futuros desarrollos del mismo». Es por ello que, de seguir adelante el proyecto –del que se desconoce su estado de tramitación aunque fue anunciado para 2022–, proponen alternativas como usar el espacio interior de la central destinado a aparcamiento, servirse de una franja de zona de servicio del puerto casi inutilizada por la presencia de torres de alta tensión que se podría reordenar o bien hacer uso de terrenos cercanos calificados como suelo rústico con un nivel de protección moderado.
Renovables y segundo cable
No obstante, desde la demarcación que preside Enric Taltavull se muestran críticos no solamente con este aspecto del proyecto, sino también con cuestiones de fondo. Recuerdan que, debido a la falta de gasoducto el proyecto requiere la organización de una logística por vía marítima con tres aportes semanales de 30 criocontenedores de gas natural licuado, «con el nivel de emisión de contaminantes que ello supone». La alternativa que defienden es potenciar la generación renovable y dotar el sistema eléctrico de un segundo cable submarino con Mallorca.
En ese sentido, teniendo en cuenta que con la entrada en funcionamiento del segundo cable se prevé que la central pase a ser una mera instalación de respaldo, consideran que para adecuar la térmica durante ese periodo de transición «las inversiones deberían reducirse al mínimo posible y sin afectar zonas como la planteada». Cabe recordar que el proyecto de gasificación de la central de Maó requiere una inversión aproximada de 40 millones de euros y que la logística para hacer llegar el combustible tiene un coste estimado de casi 13 millones al año.