El convenio con el Consell y la modificación del pliego de condiciones para la adquisición del edificio de Sa Tanca se someterán la semana que viene a la consideración del pleno del Ayuntamiento de Sant Lluís, con la intención de cumplir todos los trámites antes de que acabe la fecha límite del 30 de noviembre para concretar la operación.
Los concejales de la oposición, que expresaron sus recelos ante el acuerdo con el Consell, fueron informados la tarde de este jueves de las condiciones del convenio en la comisión previa al pleno. La alcaldesa Carol Marquès asegura que, como ya dijo en su momento, no hay ningún motivo para cuestionar el convenio, ya que no existe ningún tipo de contrapartida a la institución insular por su contribución económica que asciende a 400.000 euros.
En la presentación inicial del acuerdo se dijo que el Consell podría desarrollar algún proyecto desestacionalizador en el edificio. «Era solo un ejemplo, no hay nada de esto en el convenio, no se recoge ningún uso a cambio de la financiación», indica Marquès. El Consell aporta porque el proyecto desestacionaliza y contribuye a la recuperación de un entorno urbano. El acuerdo solo recoge que deben definirse los usos mediante un proceso participativo cumpliendo con los criterios del Impuesto de Turismo Sostenible, que aporta el grueso de los 1,7 millones de la venta, sin impuestos. «No hay más condiciones», remarca la alcaldesa.
Cabe recordar que los 400.000 euros responden, en gran medida, a asumir un sobrecoste sobrevenido en la operación en el momento en que se detectó que había que asumir también el IVA.