El auto de la juez sobre la adjudicación de los amarres taller del Moll de Ponent del puerto de Maó alude a que es consecuencia «del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca» y con la patronal náutica. Mientras el presidente de esta aparece señalado como investigado en la causa, no hay más referencia sobre autoridades.
Este lunes se conoció que los informes de la Guardia Civil que respaldan la investigación apuntan a una llamada de la entonces alcaldesa de Maó, Conxa Juanola, a la cúpula de Autoridad Portuaria. El contacto se produce en el entorno de las fechas de resolución del concurso, por tanto, en abril o mayo de 2018.
La intervención de la presidenta autonómica Francina Armengol sobre el asunto, puesta bajo sospecha también, se habría producido un año después de la concesión, mientras que el auto judicial concreta más el cerco de la acusación a autoridades locales. No han trascendido de momento más nombres.
Declaraciones
Los doce imputados en la causa han sido citados a declarar entre el 4 y el 6 de octubre. Entre estos figuran los responsables de las cinco náuticas menorquinas que constituyeron Marina Asmen, el presidente de la patronal del mismo nombre, Justo Saura, y el responsable de Autoridad Portuaria en Menorca, Vicente Fullana.
La magistrada encargada de la causa, Martina Mora, ha establecido el calendario para la instrucción después de haber levantado el secreto de de una de las primeras piezas del caso. Así y todo, permanece todavía bajo secreto el grueso de las actuaciones, en particular las que forman parte de otras convocatorias de adjudicación de amarres de Eivissa y Formentera y que forman al menos otras tres piezas separadas.
Además de los investigados, están llamados a declarar 18 testigos, entre los cuales figuran miembros del consejo de administración que votaron contra la propuesta de adjudicar los amarres a Marina Asmen SL.
Otros testigos llamados a declarar son el anterior responsable portuario en Menorca, Jesús Fernández-Reyes, la secretaria de la patronal Asmen, María García y el abogado Santiago Lafuente.
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