En las cuatro últimas décadas, la fachada marítima de Maó ha transformado la sucesión de almacenes y locales cerrados en un frente seductor para negocios y viviendas. Pero el cambio es todavía incompleto, algunos edificios se intercalan todavía como borrones en la primera línea.
Los vecinos sufren el abandono y el riesgo derivado de esos inmuebles que sin estar habitados ni recibir mantenimiento alguno se convierten en focos de inmundicia. Y se derrumban y entonces los problemas se multiplican, sobre todo si no se pone remedio con diligencia.
Este es el caso de Tirso Fernández Bastida, propietario de una casa de su familia en el Moll de Llevant desde hace poco más de un siglo cuya última reforma data del 2000. La atención puesta en el cuidado del patrimonio familiar contrasta con el abandono de los dos inmuebles anexos, uno de los cuales acumula ruinas en su interior desde finales de septiembre del año pasado.
Los bloques de marés con el que está construido cayeron y el interior es un montón de ruinas donde se embalsa el agua en busca de salida y donde cobija desde entonces ratas y palomas. La parte de la fachada que continúa en pie está vencida y amenaza derrumbe sobre la acera, que está protegida por una frágil valla de alambre.
Desde aquella fecha del fin del verano, Tirso Fernández pide soluciones al Ayuntamiento y a Autoridad Portuaria, los dos organismos que, junto con los bomberos intervinieron en el accidente. Realmente con el Ayuntamiento de Maó mantiene correspondencia desde al menos 2008 en busca de solución a un problema que, como advertía, ha continuado en accidente en 2020 y sigue generando riesgos de seguridad.
La caída de la cubierta y muros interiores propició grietas en la medianera y perforaciones en la parte de sujeción de las vigas en la misma pared. Fernández no puede arreglarlo porque para ello necesitaría entrar en la propiedad del vecino. Lo ha intentado solventando ese escollo, pero el constructor le ha dicho que no es posible hacerlo sin poner en riesgo la seguridad.
Todo sería más sencillo hablando con la propiedad vecina, pero se ignora su paradero. El afectado por el problema solo sabe de oídas que los dos inmuebles consecutivos, que ocupan los números 162 a 164 A, fueron adquiridos en 2003 por una sociedad italiana, posiblemente como inversión, y desde entonces nadie los ha pisado. Ha pedido a las administraciones que le faciliten el contacto, pero no ha obtenido respuesta.
El resultado de todo ello hoy es «la amenaza de derrumbe de parte de mi casa y, si no retiran los escombros, humedad, ratas y la imposibilidad de conocer cómo están el pozo y la cisterna que tengo abajo. Si llueve, tendré filtraciones y la estructura de la vivienda estará aún más en riesgo», resume.
El recurso al juzgado es la última opción ante la omisión municipal. Sabe, no obstante, que servirá de poco, más allá de la apertura de un procedimiento civil que puede prolongarse en el tiempo y concluir con una resolución probable de buscar el paradero del vecino para instarle a limpiar su propiedad o instar al Ayuntamiento a hacerlo de forma subsidiaria.
Esta solución, por razones de salubridad y seguridad públicas, no necesitan intervención judicial y por ello apela a la autoridad municipal. Consultado el Ayuntamiento, tampoco ha ofrecido a este diario respuesta ni explicación alguna sobre el caso. Fernández ha reclamado los partes de intervención a bomberos, servicio municipal de urbanismo y Autoridad Portuaria durante la intervención por el derrumbe de septiembre, pero no ha recibido más que silencio.