El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha levantado actas administrativas durante los últimos años sobre los fondeos y amarres irregulares en Sanitja. Esas denuncias culminaron finalmente en un informe que fue enviado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears y esta presentó denuncia contra la Demarcación de Costas de Balears, responsable del litoral.
Entre otros, en calidad de investigado por la causa penal, aún en diligencias previas, abierta por un juzgado de Palma figura Biel Pastor, ahora ya exjefe del servicio por haberse jubilado. Entre los usuarios, no hay hasta el momento ni imputados ni testigos, ya que la responsabilidad y las irregularidades detectadas son de la Administración.
A falta de conocer el escrito de la Fiscalía, la denuncia se basaría en la irregularidad prolongada en el tiempo de los amarres y fondeos de Sanitja. Las reiteradas denuncias efectuadas por el Seprona no habían generado reacción alguna en el organismo costero, a cuyos responsables se les atribuiría reincidencia en la omisión del deber de poner orden en una situación perjudicial para el medio ambiente y contraria a la legalidad en esta materia.
Dese hace un tiempo indeterminado, Costas habría tolerado la actividad en Sanitja a cambio de una sanción que cada año imponía a los usuarios. Se trata de un sistema perverso que se ha consolidado a lo largo del tiempo, no cobraba el derecho de amarre porque no había cesión administrativa de uso del espacio marítimo terrestre como tal.
No se había realizado esta cesión porque no está permitida, de modo que cada año imponía una multa a los usuarios que cubría el mismo efecto. Ha funcionado como arreglo y ha servido a los usuarios, mientras Costas cumplía a su vez su labor de control del uso privativo del litoral sancionando la infracción.
20.000 euros al año
El sistema está consolidado y es la Asociación de Amarres de Sanitja la que centraliza el pago de la sanción, que actúa como derecho de amarre. El importe no llega a 20.000 euros al año y se reparte entre los usuarios del embarcadero a un promedio de unos 400 euros al año.
Al margen de este arreglo inicuo, el Seprona ha controlado durante los últimos años las barcas, matrículas de las mismas, los anclajes y otros factores de tipo medioambiental. Sin embargo, la actuación oficial no se ha dirigido contra los usuarios sino contra el organismo oficial encargado de velar por el correcto uso del embarcadero.
A la espera de que el Ministerio transfiera la gestión a Ports IB
Los amarres se están utilizando «a precario, sin cobertura administrativa», reconocía el año pasado Marc Pons, entonces conseller balear de Movilidad. Con el fin de dotar de base jurídica el uso del puerto de Sanitja, el Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears aprobó a finales de octubre solicitar formalmente a la Demarcación de Costas la adscripción de la lámina de agua del puerto Sanitja y asumir la gestión del mismo. Ahora se está a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica, cuyo director de gabinete es ahora justamente Marc Pons, publique en el BOE ese acuerdo de cesión.
Regularizar la situación es también una vieja aspiración de los usuarios del embarcadero, que han expresado en repetidas ocasiones su demanda de soluciones jurídicas para disfrutar del mar y consolidar Sanitja como base para sus embarcaciones. Cuando Ports asuma la gestión de este espacio marítimo «ho tindrem aclarit», asegura confiado un vecino de Es Mercadal que amarra desde hace muchos años un llaüt en Sanitja. Prácticamente todas las embarcaciones que utilizan como base este punto son de la misma tipología o pequeñas barcas de recreo.