El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha vuelto a pronunciarse de modo favorable a la pretensión de Autoridad Portuaria de Balears de recuperar de forma efectiva la explotación de los amarres del Moll de Llevant, cuya concesión revocó a finales de 2017 alegando un incumplimiento del pliego de condiciones. Según informan fuentes del ente gestor del puerto de Maó, el 15 de julio el TSJB emitió un nuevo auto en el que acepta la solicitud formulada en 2018 por la Abogacía del Estado para acceder a las dependencias de la empresa. No obstante esta disposición admite recurso, por lo que antes de ejecutarse se debe aguardar a que devenga firme.
El largo proceso judicial en que ha desenvocado la revocación de la concesión a Trapsayates de la explotación de 165 amarres acumula ya varios capítulos. Los recursos de la empresa derivaron, en septiembre de 2018, en una medida cautelar contra el desalojo dictada por la Audiencia Nacional. En mayo de 2019 el TSJB levantó esta suspensión y parecía que la recuperación de los pantalanes estaba cerca. Esta decisión se ratificó al cabo de unos meses.
No obstante, la empresa no se dio, ni muchos menos, por vencida en la defensa de sus intereses, por lo que presentó dos nuevos contenciosos ante el máximo organismo judicial balear que continuaron dilatando el asunto. El nuevo auto vendría a ratificar las pretensiones de Autoridad Portuaria de Balears, no obstante habrá que esperar a cómo evolucionan los previsibles recursos que formule Trapsayates.
Mientras tanto, y por cuarto verano consecutivo desde la decisión de revocar la concesión del Moll de Llevant, la más importante en importe económico del puerto de Maó, Trapsayates continua explotando los amarres a través de Marina Mahón.
Durante estos años, desde Autoridad Portuaria de Balears informan que se ha reclamado a Trapsayates cada año el pago del importe equivalente a las tasas y las mejoras previstas en la adjudicación del negocio, aunque no como canon estrictamente, sino en concepto de los beneficios económicos que la empresa obtiene por la ocupación de las instalaciones sin disponer del correspondiente título habilitante por parte de Puertos. Entre 2018, 2019 y 2020 se han emitido facturas a Trapsayates por un importe total de 1.854.479 euros, unos 620.000 euros al año. Está al corriente de pago.
La factura correspondiente a 2021 todavía no se ha emitido, puesto que desde Autoridad Portuaria de Balears están pendientes de conocer el número exacto de días en que se han ocupado las instalaciones, en el caso de que este año se acabe ejecutando el desalojo.