La reunión del Consorcio para la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico celebrada ayer estuvo marcada por la tensión en sus minutos iniciales, el abandono del representante de Alaior, y el posterior rechazo al recurso presentado por los abogados de la familia de Es Plans para frenar el derribo de su casa.
El concejal del Ayuntamiento de Alaior, Cristóbal Marqués, dejó la reunión apenas iniciada tras mantener su postura de rechazo a la postura intransigente del Consorcio respecto a la familia de Es Plans, obligada a demoler su casa este mismo mes debido a su ilegalidad.
«La casa lleva 25 años siendo ilegal, no entendemos por qué no se puede esperar seis meses o un año más hasta que encuentren otra vivienda aún sabiendo que no tienen solución para quedarse en ella», sostiene Marqués. La decisión final de abandonar ayer la reunión responde a «la postura patética del equipo de gobierno del Consell porque nadie salió a atender a esta familia durante su protesta».
Minutos después, ya sin el representante de Alaior en la reunión, el Consorcio rechazó el recurso de los abogados de la familia para frenar el derribo. Este se había presentado 20 días después de que expirara el plazo, de ahí la resolución.
Josep Pastrana, presidente del organismo, reiteró que la familia y sus asesores han tenido toda la información pertinente sobre lo que podían hacer, «pero si presentan el recurso 20 días después no queda margen de maniobra y actuamos sobre la legalidad».
Cristina Gómez, consellera de Vivienda, dijo ayer que la familia tiene su teléfono «y sabe que la recibiré, estamos obligados a ayudarles y no descarto que le podamos dar una solución». Precisó que realizar una gestión directa al Ibavi puede tener su contrapartida si supone pasar por delante de todas las familias que están en lista de espera para una vivienda.