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Alaior otorga la licencia para demoler la casa de Es Plans

Será derribada a principios de semana y la familia se realoja en Son Bou

La familia tuvo que salir de la casa el martes por la nueva inundación debido a la lluvia.  | R.R.

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La casa de Es Plans será definitivamente demolida mañana lunes o el martes, una vez la familia propietaria recibió el viernes la licencia para su derribo que debía conceder el Ayuntamiento de Alaior. El Consistorio había congelado el permiso para dar tiempo a que encontrara un alojamiento provisional o definitivo tras tener que abandonar la que ha sido su vivienda desde 2011.

Rosa Robles, su esposo y su hijo cumplirán así la orden de demolición del pasado 20 de mayo, dictada por el Consorcio para la Protección de Suelo Rústico, por tratarse de una construcción que carece de licencia y se levantó en un torrente sobre un Área Natural de Especial Interés.

El plazo para la ejecución del derribo finaliza el último día de septiembre, a riesgo de tener que abonar en su totalidad los 31.885 euros de la multa que incluye la orden de demolición. Esta suma se verá reducida en un 80 por ciento una vez la casa quede reducida a escombros y el enclave recupere su aspecto anterior.

«Estamos en plan nómada»

La enésima inundación que sufrió la casa y sus accesos el pasado martes ha acelerado el desenlace.La familia, que ya tenía empaquetadas casi todas sus pertenencias y tuvo que sacarlas a la carrera porque el agua destruía las cajas, fue alojada ese mismo día en un apartamento de Son Bou facilitado por el Ayuntamiento a través de Menorca Vacation, hasta ayer. Su nuevo destino es el Aparthotel Royal Son Bou, también gracias a la gestión del regidor, Cristóbal Marqués, según ha explicado Rosa Robles. En este apartamento podrán estar hasta el 17 de octubre, fecha prevista para el cierre del establecimiento. «Estamos en plan nómada, pero ojalá podamos encontrar algo antes de esa fecha que ya resulte definitivo», indica la mujer.

La familia, agradecida por el apoyo recibido, aguarda el juicio por la demanda contra quienes le vendieron la casa ilegal y la inmobiliaria que intermedió la operación para recuperar los 149.000 euros que le costó, más indemnización, considerando que debe seguir pagando la hipoteca de unos 400 euros mensuales pese a que la casa deje de existir.

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