En Menorca no hay zonas tensionadas por la situación del mercado del alquiler. Es la conclusión que se desprende si se aplican los criterios estadísticos que recogerá, según se han conocido esta semana, la futura Ley estatal de Vivienda para definir en qué barrios o municipios se podrán aplicar las limitaciones más importantes de esta normativa, que pretenden frenar la escalada de los precios en los arrendamientos inmobiliarios.
Hay dos requisitos para que se pueda solicitar la declaración de zona tensionada para un espacio determinado. El primero es que en un periodo de cinco años los precios hayan aumentado cinco puntos por encima de la evolución del IPC. En el caso de Balears la referencia sería un 10,9 por ciento, si se calcula para el periodo 2016-2020. Este requisito se cumpliría de forma holgada en seis municipios de Menorca, mientras que Sant Lluís y Ferreries no alcanzan este baremo, según los datos que maneja el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para el periodo 2015-2018, que es la última comparativa oficial disponible. Aún así, la nueva ley está todavía en una fase muy embrionaria, por lo que se desconoce que índices de referencia se acabarán adoptando. Este indicador del Gobierno, basado en datos de la agencia tributaria, cuantifica el alquiler medio en la Isla sobre los 450 euros, un precio inferior al que se percibe ahora mismo en el mercado entre las viviendas que se están comercializando.
En el caso del segundo requisito para ser considerado un espacio como zona tensionada, no hay ningún municipio ni distrito de Menorca que lo cumpla. Se trata de que lo que se paga por la vivienda en alquiler supere el 30 por ciento del dinero que entra en el hogar. En Menorca, si se toman como referencia los mismos datos del Ministerio y las rentas por hogar publicadas en el Instituto Nacional de Estadística relativos al ejercicio 2018, se deduce que todas las localidades de la Isla se quedan en torno al 15 por ciento. Algunos medios nacionales calculaban ayer sumando al alquiler los gastos propios de la casa (electricidad, agua, comunidad...) con un fijo de 157 euros al mes. Ni así se alcanzaría el tope del 30 por ciento en las ciudades y pueblos de Menoca. Tampoco hay distritos en los que se rebase este porcentaje.
Lo poco que se ha podido conocer de la nueva Ley estatal de Vivienda indica que serán las administraciones competentes en vivienda, en el caso de la Isla el Govern balear, quienes podrán instar la declaración de una zona de mercado de alquiler tensionado. Lo harán por un periodo de tres años, que se podrá ir prorrogando.La mitad de Eivissa y algunas localidades mallorquinas como Andratx, Calvià o Montuïri sí podrían cumplir con los dos requisitos que se prevé que incluya la nueva Ley de Vivienda para acogerse a las medidas correctoras del mercado determinadas para los ámbitos residenciales tensionados. En principio el Ejecutivo autonómico vería con buenos ojos la aplicación de las limitaciones esbozadas en los últimos días.