El Partido Popular de Alaior, responsable de la gestión municipal, salió este viernes al paso de las últimas críticas del GOB por el oscurantismo en torno a la licencia para reformar los hoteles de Melià en Son Bou asegurando que el Ayuntamiento «no puede parar la tramitación de un proyecto de modernización presentado en tiempo y forma».
El grupo ecologista ha iniciado la vía penal contra el Consistorio por impedirle acceder al expediente urbanístico del caso y critica que se haya concedido la licencia a la cadena hotelera para unificar las parcelas donde se levanta el complejo, que inicialmente estaba formado por dos hoteles —Milanos y Pingüinos— y ahora se gestiona como una unidad.
El hecho de que las parcelas no tuvieran inicialmente la dimensión necesaria para albergar el volumen que se construyó era una de las deficiencias apuntadas por el GOB como argumento para tratar de paralizar la licencia.
En un escrito que se reproduce en la sección de Opinión de la edición impresa, el PP de Alaior señala que el proyecto presentado por Meliá debe ser informado «como cualquier otro» al margen de la opinión que se tenga sobre este complejo hotelero.
En este sentido, recuerdan que su apuesta consiste en modificar el Plan Territorial para que Meliá pudiera construir en las parcelas adyacentes a cambio de reducir considerablemente la altura de todo el complejo, lo que aliviaría su impacto visual, pero el Consell no incluye esta opción en la revisión del PTI. El PP afirma que en Menorca se han reformado «muchos hoteles de primera línea», como los de Cala Galdana o Arenal d'en Castell. «Son inversiones importantes para dar calidad a nuestro destino turístico y el GOB no ha dicho absolutamente nada». Por este motivo ven intencionalidad política en el grupo ecologista, sobre el que reiteran la acusación de ejercer un «chantaje» sobre los funcionarios municipales para que «cambien de opinión y tomen una decisión que a ellos les guste más», en alusión a la prohibición de que accedan a los expedientes de los hoteles de Son Bou o las piscinas irregulares del agroturismo de Torre Vella.
«Nunca vamos a dejar que se ensucie con mentiras la labor que desempeñan funcionarios y políticos del consistorio», y reiteran que ha sido el informe de un funcionario el que niega al GOB la consideración de figura de «interesado», que en todo caso sería «denunciante», lo que según la ley otorga derechos distintos en cuanto a la información que se les puede facilitar.
Añaden que el Ayuntamiento se expondría a una demanda por parte de Melià en caso de vulnerar sus derechos ante terceros, lo que podría suponer el pago de indemnizaciones con dinero público.