La previsión de un nuevo crédito, por un importe de 3,3 millones de euros, en los presupuestos del Ayuntamiento de Maó para 2022 generó la advertencia por parte del PP de que podría generarse a medio plazo una situación de inestabilidad financiera derivada de la acumulación de intereses. El concejal Basilio Ferrer reprochó al equipo de gobierno que desde 2019 la deuda bancaria del Consistorio se habrá multiplicado por 3,7, «les gusta demasiado hacer préstamos».
Ferrer apuntó que, con los presupuestos más altos de la historia, el Ayuntamiento apenas acumule superávit y planteó dudas sobre cómo se van a afrontar en el futuro los intereses, el incremento del coste de algunos servicios (como la recogida de residuos) y una potencial merma en los recursos disponibles, puesto que los dos últimos ejercicios han sido extraordinarios.
Además, el PP lamentó que pese a tener a su disposición más recursos que nunca no se haya aprovechado para afrontar una rebaja fiscal, al igual que el hecho que no se mantenga la bonificación a determinadas actividades económicas que se implantaron con la pandemia.
Por parte de Ciudadanos, María Pons habló de «desviaciones» al criticar que en un contexto de descenso general del importe de las cuentas se haya incrementado en un 7,7 por ciento la partida de personal._Echó en falta una mayor asignación de recursos para las ayudas a las familias y rebajas impositivas para las empresas, sobre todo las pymes.
Por parte del equipo de gobierno, la teniente de Alcaldía María José Camps recordó que el nivel de deuda del Ayuntamiento de Maó está dentro de los límites legales, muy por debajo de los máximos normativos y dentro de unos parámetros razonables, y que solo se solicitará el contemplado para 2022 si no pueden cubrir las inversiones con remanentes de tesorería.
Comentó Camps que los presupuestos «no son expansivos pero sí continuistas», lo que explica el descenso de las inversiones, que también fue objeto de reproche. Argumentó que el incremento de la partida de personal procede de subidas salariales pactadas y de la necesidad de disponer de más profesionales en la residencia geriátrica, más aún con el nuevo centro de día.
Camps garantizó que nadie se quedará con una ayuda si la necesita, que no entiende que sea el momento para reducir impuestos y que pretenden ayudar a las empresas con otras fórmulas.