El Consell aprobó 28 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito en 2019 por un importe global de 909.000 euros. Supone haber pagado servicios o trabajos realizados fuera de contrato porque este había vencido o por otras causas generalmente justificadas. La fórmula, sin embargo, no supone validación ni enmienda puesto que «el acto [de aprobación] sigue siendo nulo de pleno derecho». Tampoco elimina las posibles responsabilidades que pudieren derivarse.
Así lo recoge el informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a esa anualidad que en conjunto constituye un duro varapalo al manejo presupuestario de la institución menorquina.
Ese año vuelve a infringir la regla de gasto, que ya había incumplido -y había sido advertido de ello- en el periodo comprendido entre 2013 y 2018 sin haber elaborado ni comunicado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el correspondiente plan económico financiero. El exceso está cuantificado en 15 millones de euros.
Se trata de una infracción muy grave en materia de gestión económica presupuestaria «además de ser exigible la responsabilidad de los miembros de la corporación», explica el informe.
También está tipificado como muy grave no haber ejecutado inversiones financieramente sostenibles provenientes de los superávits de 2016 y 2017 por un importe de 2,7 y 2,1 millones respectivamente.
La Sindicatura tampoco considera correcto haber concertado ese año un préstamo de 5,9 millones para afrontar el pago a la mercantil Princesa Son Bou SL por cuanto la indemnización por sentencia judicial «tiene naturaleza de gasto corriente».
Contratación
En la revisión de gastos, la Sindicatura observa que se han realizado algunos al margen de los procedimientos establecidos. Se trata de incumplimientos porque «se superan los volúmenes de facturación permitidos en la normativa con el mismo proveedor y la prestación equivalente».
El informe enumera, entre estos, agencias de viaje, servicios jurídicos prestados por terceros, la celebración de cursos de monitores, el suministro de energía eléctrica y el servicio de limpieza de los edificios dependientes del Consell.
En el apartado de ayudas y subvenciones contenidas en la memoria de la cuenta general, aparecen nombre, apellidos y DNI de los beneficiarios, el importe concedido y la finalidad o características de la ayuda. Muchas de ellas corresponden a prestaciones sociales, renta mínima de inserción y becas, entre otras, sobre las que debe respetarse la protección de datos.
Plus de productividad
El informe de la Sindicatura vuelve a ser muy crítico con el modo de pago del complemento de productividad a los funcionarios. Se viene pagando de forma anómala desde 2008, ha sido cuestionado por este organismo y, sin embargo, está siendo prorrogado reiteradamente.
Este plus que percibe el personal funcionario y laboral del Consell retribuye objetivos asignados al puesto de trabajo. Se determina mediante un sistema, «no individual» de indicadores, explica el informe. A pesar de ello, «no puede garantizarse que el citado complemento sea destinado a retribuir el rendimiento especial, la actividad extraordinaria y la iniciativa con la que el funcionario lleva a cabo el trabajo», tal como establece el real decreto 861/1986, de 25 de abril, que regula el régimen de retribución a los funcionarios de la administración local.
Tampoco el servicio de Intervención del propio Consell está de acuerdo con esta fórmula de pago, asegura que se ve incapaz de fiscalizarlo. El pago de este complemento alcanzó en 2019 un importe total de 1.122.000 euros repartido entre los funcionarios y configurado finalmente como «una retribución periódica sometida al mismo régimen que el de las complementarias, periódicas, fijas y objetivas. Por tanto, no queda garantizado el cumplimiento de la legalidad en el abono de dicha retribución», señala la Sindicatura de Comptes.
Sus reiteradas advertencias han sido ignoradas en la misma proporción por el Consell. Si en 2019 concluía la prórroga del acuerdo sobre este pago, en enero de 2020 el pleno acordó una nueva prórroga en los mismos términos hasta final de 2023.
El apunte
El Consell alega en su defensa falta de medios y tiempo
Un centenar largo de alegaciones ha presentado el Consell a las incidencias señaladas en el informe de la Sindicatura de Comptes. La falta de medios y de tiempo es el argumento más utilizado, en particular en los aspectos referidos al contabilidad presupuestaria.
No está implantada todavía en la corporación la contabilidad analítica, intentará incorporarla en próximos ejercicios. En otros casos, asume sus errores y se compromete a atender las recomendaciones sugeridas.
La Sindicatura recuerda la falta de inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad Gestmultiplex Menorca SL, pendiente desde 2007 y participada al 50 por ciento por el Consell a través de una sociedad mercantil. Aduce la corporación menorquina que es imposible hacerlo por la disolución de la citada sociedad cinco años después de su creación.
Además, el Consell alega que en varias ocasiones ha intentado desistir de la finalización del proceso de creación de aquella infraestructura tecnológica de emisiones digitales, pero ha faltado voluntad por parte de las otras dos compañías del mundo de la comunicación.
Directores insulares
Sobre el cuestionado complemento de productividad, la institución menorquina implicará a los directores insulares de cada conselleria en su solución. De momento, asegura en su alegación, es una cuestión que está en revisión, «elaborando la documentación y el procedimiento para que en el próximo ejercicio la evaluación del trabajo desarrollado por los trabajadores se realice de manera individualizada».
De ese modo, el informe trimestral anual que habrán de redactar los directores insulares «dará lugar al derecho a percibir el complemento de productividad», señala.
Mientras ese propósito de enmienda se pone en práctica, el Consell lo seguirá pagando como hasta ahora. Señala el informe de Sindicatura que en algunas nóminas aparece de forma regular desde 1998.