Una vecina de Maó de 85 años se enfrenta una situación que nunca debió imaginar que se produciría a lo largo de su vida: la cantidad que ingresa por su pensión no contributiva, que es de 140 euros al mes, resulta a todas luces insuficiente para pagar el importe de la factura de luz correspondiente al pasado mes de diciembre, que asciende a 164 euros.
Todo ello es el resultado de los constantes incrementos que en los últimos meses ha experimentado la tarifa de la luz, y a pesar de que la referida vecina es beneficiaria de un bono social, lo que sin embargo no ha evitado que el importe de la factura de diciembre se haya disparado hasta el doble con respecto al mismo mes del año anterior.
En el histórico de facturación de la vivienda y para consumos similares del año anterior el importe de las facturas no solía sobrepasar los 80 euros, cantidad máxima alcanzada en diciembre teniendo una media de consumo de 40 euros durante los meses que no utiliza la calefacción, según señala Alfredo Martínez, hijo de la afectada.
No obstante, la sorpresa ha saltado con la factura del consumo del mes de diciembre pasado, cuando la cantidad a pagar por un consumo energético similar es de 164 euros.
En este sentido, Alfredo Martínez asegura que «cuando vi la factura pensaba que se trataba de un error, a pesar de que soy consciente de que la tarifa de la luz ha subido mucho. No obstante, me puse en contacto con la empresa suministradora y les expliqué el caso. Me contestaron que el importe de la factura era el correcto, después de haber comprobado el contador de la vivienda», afirma.
En este sentido, Martínez señala que la empresa suministradora le ha informado de la posibilidad de solicitar el pago fraccionado en hasta cuatro meses del importe de la factura, una alternativa que facilita dicho pago pero que no evita el hecho de tener que hacer frente a un precio que considera abusivo. «Reconozco que mi denuncia no es más un pataleo frente a una situación injusta a la que seguramente se ven abocadas muchas personas con pocos recursos. Como siempre sucede, los más vulnerables son los que más sufren», subraya.
Por otra parte, señala que el bono social representa una reducción del 70 por ciento, en la factura, aunque el descuento real es del 38 por ciento, puesto que hay varios conceptos de la factura que permanecen inalterables y no se les aplica dicho descuento.