El conseller de Movilidad y Territorio, Josep Marí, ha señalado este martes que la primera empresa adjudicataria de las obras de las viviendas de protección oficial en la calle Borja Moll de Maó, la constructora Proyecon Galicia SA, ha interpuesto un contencioso administrativo contra el Ivabi debido a la resolución de los contratos que tuvo lugar en octubre de 2020.
«Es un tema complejo», ha asegurado Martí en el pleno del Parlament, quien ha destacado que el Govern ha defendido en todo momento el interés público. Asimismo, ha avanzado que, según lo previsto, la primera promoción de 18 viviendas finalizará en mayo y la de 40 viviendas, en septiembre.
El conseller ha respondido de este modo al diputado 'popular' Lluís Camps, quien ha criticado que en la primera licitación de las obras el Ibavi se «olvidó» de recoger instalaciones en el garaje, instalaciones contra incendios, ventilación mecánica y no tuvo en cuenta la falta de alimentación eléctrica en la parcela lo que, según ha señalado, provocó la redacción de un proyecto nuevo no previsto.
Además, ha añadido que mientras se ejecutaba la excavación en la parcela se produjo una paralización de los trabajos a petición del Ayuntamiento de Maó «a causa de un encaje urbanístico provocado por la modificación del plan de levantamiento Topográfico».
Camps ha asegurado que esto supuso un aumento de medición de 250 metros cuadrados, lo que supuso un 23 por ciento más sobre la medición inicial, lo que implicó sobrecostes importantes de trabajos previstos y recogidos en el proyecto inicial aprobado.
En esta línea, ha pedido explicaciones a Marí sobre el motivo por el cual las partidas que el Govern «se negó a reconocer a la primera empresa adjudicataria, fueron expresamente contratadas y reconocidas a la segunda empresa adjudicataria». «Esto supuso rescindir un contrato y volver a contratar con un incremento de aproximadamente 200.000 euros», ha remarcado.