Una resolución ministerial ha denegado la prórroga a una concesión de caseta de vorera que, después de 30 años, acabó en 2018. El motivo es que el uso habitacional está prohibido por la Ley de Costas en el Dominio Público Marítimo-Terrestre, según explicó el conseller Miquel Maria en el pleno del lunes en una respuesta a Misericordia Sugrañes.
El Consell mantiene sus gestiones para salvar las casetas inventariadas en los catálogos municipales pero no está de acuerdo «en que se vuelva a permitir el uso habitacional» en la demarcación costera, tal como dice la ley.
Hay casetas que siempre han tenido el uso residencial, pero mantenerlo choca frontalmente contra la legalidad. «¿Qué hacemos para salvarlas?, el Ministerio no solo no concede más prórrogas sino que después puede optar por la demolición» reflexionó el conseller en voz alta.
La resolución que deniega la prórroga citada no es definitiva, aún puede alegarse contra la misma, pero no cabe duda de que fija postura y marca el camino emprendido en este asunto.
Casi todas las concesiones concluyeron en 2018 y ahora se habrían empezado a recibir las primeras respuestas de Costas a las alegaciones que los particulares presentaron entonces contra el desahucio y, en el peor de los casos, la demolición y restitución del espacio que ocupaban.
La cuestión, explica uno de los afectados, es que la caseta con uso residencial y espacio para guardar la barca es una misma construcción y lo uno sin lo otro pierde interés. «Hicimos un proyecto de conservación tal como nos pidió el Ministerio y aún esperamos respuesta», señala.
Miquel Maria manifestó que la posición del Consell es firme en la defensa de estos bienes etnológicos, siempre y cuando estén catalogados por los respectivos municipios. No comparte, sin embargo, la propuesta presentada por el senador de excluir del Dominio Público Marítimo-Terrestre las ‘casetes de vorera' porque hay construcciones que nada tienen que ver. Hay muchas y de diferente tipología, las que corren peligro son solo las que están ubicadas en la delimitación pública.
El problema será debatido en la Junta de Alcaldes de marzo con el fin de consensuar una postura común ante las negociaciones que se mantienen con la Subdirección General responsable de la demarcación costera.