La comunidad autónoma ha recaudado del canon de saneamiento en Menorca 8,1 millones anuales de media en el periodo comprendido entre 2016 y 2019. De ese importe, solo ha retornado una media de 6,2 para la construcción y la gestión de instalaciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, lo que supone que el 23 por ciento, casi la cuarta parte de la recaudación, se dedica a política hidráulica autonómica, administración u otros fines que se desconocen.
Los datos los ha elaborado el Consell con la información aportada por los ayuntamientos y una veintena de empresas gestoras del suministro de agua en Menorca. Forma parte del objetivo de insularización, lo que implica la transferencia o delegación de la competencia, de la gestión del ciclo del agua en aras a dotarla de más eficiencia e incrementar la inversión en infraestructura.
En su informe de recogida de datos, desliza una crítica al propio Govern al pedirle más transparencia para hacer pública la información detallada del canon segmentado por islas y municipios, tanto en ingresos como en gasto. De hecho, no ha podido contar con los números oficiales de la administración autonómica.
Se deduce que no hay más información pública que la proveniente de los presupuestos públicos que se aprueban anualmente, lo que no es garantía de su ejecución. Así, por ejemplo, la evacuación de los lodos tóxicos de la antigua depuradora de Ferreries, presupuestada desde hace años, aún no ha sido realizada aún.
La demanda específica y detallada de los datos es la primera exigencia del Consell, señala Esteve Barceló, director insular de Medio Ambiente, como garantía del carácter finalista de este tributo, es decir, «para financiar exclusivamente actuaciones ligadas al ciclo integral del agua y que la recaudación no se desvía a otros usos, teniendo en cuenta las necesidades a satisfacer actuales y futuras».
La última gran inversión en esta materia en Menorca corresponde a la depuradora de Addaia, que cubre varias urbanizaciones de la costa norte de Es Mercadal y ha sido financiada por el Ministerio de Medio Ambiente (hoy llamado para la Transición Ecológica). Recientes reivindicaciones como la de introducir el tratamiento terciario en la depuradora Maó-Es Castell durante el mandato pasado no han sido estimadas por Abaqua, que es la empresa pública del Govern encargada de este tipo de infraestructuras.
El que contamina paga
Barceló apuesta por la realización de estudios económicos para garantizar la recuperación de costes tal como marca la directiva del agua y «aplicar el principio quien contamina paga, entendido como una medida de fiscalidad ambiental que grave de forma proporcional a quien más agua consume», agrega.
Por otra parte, las propuestas de clarificación que plantea el Consell «encajan plenamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible», concluye.