El Departamento de Ocupación, Vivienda y Cooperación Local del Consell puso en marcha en 2019 el programa piloto de alquiler ético para favorecer a colectivos vulnerables afectados por el problema de la oferta de viviendas de alquiler. Mientras que actualmente hay 339 personas adheridas como solicitantes de vivienda asequible, desde 2019 solo se han firmado 15 contratos, un desfase que refleja la problemática que hay en la Isla.
Sin embargo, el número de adhesiones son el doble de las que había el año pasado. Por este motivo la consellera Cristina Gómez tiene buenas expectativas depositadas en que el ritmo de incorporación de viviendas aumente en los próximos meses y se puedan captar entre ocho y diez nuevos inmuebles este año: «Esto sería un gran hito teniendo en cuenta el contexto hostil del mercado y la carencia de oferta de vivienda. El éxito del programa tiene que ponerse en consideración en el contexto que tenemos; si no hubiera problemas de alquiler, el programa no existiría. Parece que está empezando a funcionar el boca a boca, pero se trata de ir picando piedra». Además, define como «un éxito» el hecho de que se hayan podido cerrar 15 contratos de larga duración.
Gómez asegura que cada vez que se consigue un nuevo inmueble es como «una joya». Y no es de extrañar, ya que desde 2019 se han conseguido solo 17. A parte, el programa ‘premia' a arrendadores que ya disponen de un inmueble alquilado y por el cual cobran a los inquilinos una renta que corresponde a la propuesta por Lloguer Ètic, y que constituyen un total de 42 propietarios.
En cuanto al número de familias que se han apuntado para solicitar alquiler asequible, actualmente son 339. El primer año entraron en el programa 75 núcleos familiares; en 2020, se sumaron 68 familias, mientras que en 2021 se dieron de alta 196 familias. Todas ellas cumplían con los requisitos socieconómicos, laborales y familiares para optar al alquiler ético. Cabe tener en cuenta que por el camino se dieron de baja algunas familias.
El bajo número de adhesiones al programa explica también el desequilibrio entre el presupuesto que se ha destinado a las líneas de ayuda, es decir, 37.050 euros, y lo que se ha gastado en la retribución del personal, que son 42.635 euros. Esto se debe también a que no todos los arrendadores que han entrado en el programa se han acogido a las ayudas.
La también portavoz de Unidas Podemos en el Consell considera que la futura ley del alquiler —que confía que se apruebe este año— podría influir en el futuro del programa de Lloguer Ètic, ya que cree que Menorca se podría declarar como zona tensionada y por tanto, se establecería para este mercado un techo de precios.
Según explica Cristina Gómez, si algo ha demostrado este proyecto, que también sirve como observatorio de la situación del alquiler en Menorca, es que el problema en la Isla es la oferta de casas.
La consellera admite que Lloguer Ètic, al ser un programa piloto, les ha llevado a testear antes de aprender.