El 1 de enero entra en vigor la nueva Política Agrícola Común (PAC), el programa de la Unión Europea para, entre otros fines, «mantener viva la economía rural, impulsando el empleo en la agricultura, las industrias agroalimentarias y sectores asociados». Los recursos que reparte son clave para la supervivencia del campo, que siempre ha sido un sector estratégico en Menorca.
La nueva PAC reconoce el hecho insular como factor a valorar entre los criterios de las ayudas y que supondrá el pago a los productores de un 63 por ciento más por hectárea. «El reconocimiento de la insularidad es histórico, llega después de 40 años de lucha y tendrá consecuencias positivas para el campo menorquín», explica la consellera balear de Agricultura, Mae de la Concha.
Por qué se ha reconocido ahora, se pregunta en voz alta. Entiende que se debe a la negociación, «que ha sido discreta y prudente», el trabajo con el Ministerio de Agricultura y la actitud del sector implicado. «Los gastos añadidos a la insularidad han sido un lastre para la competitividad, por fin vamos a poder competir en condiciones de igualdad», agrega la consellera, quien en diciembre ya adelantó los principales rasgos esenciales del nuevo documento en los mismos términos que ahora.
Envejecimiento
El fomento de la sostenibilidad y la incorporación de los jóvenes a esta actividad son otros capítulos que promociona esta nueva política europea, «se ha perdido una generación», señala para describir el envejecimiento sufrido.
El reconocimiento del hecho insular traerá al campo de Menorca a partir del año que viene 3.362.953,47 euros frente a los 2.060.308,17 que recibían hasta ahora en su conjunto las fincas menorquinas. Los productores de Balears percibirán un 50,38 por ciento más que los agricultores de la Península.
El valor medio del derecho de cobro se situará en las Islas en 188,64 euros por hectárea, 60 euros por encima de la media española. En Menorca, el valor medio de la PAC todavía vigente a causa de la pandemia, que ha retrasado la nueva dos años, era de 115,57 euros. Registra, por tanto, un incremento de 73,03 euros, un 63 por ciento.
De la Concha confía en que el nuevo enfoque europeo a la actividad agraria revierta el proceso de abandono del campo en los últimos años. «De eso se trata», afirma, «da esperanza, aquí hay futuro profesional y un estilo de vida, es importante valorar lo que tenemos. Es cierto que hay cierres pero se está avanzando mucho también en diversificación de productos y cultivos».