La negativa de la Demarcación de Costas a conceder el permiso para la instalación de los 498 amarres y fondeos que se reparten en nueve puntos de la costa del municipio no debería haberle venido de nuevo al Ayuntamiento de Sant Lluís, institución que solicita la autorización para los usuarios.
El organismo del Estado ha actuado en función del informe negativo vinculante que este año ha emitido Capitanía Marítima, responsable de la seguridad marítima del litoral. Hasta la redacción de este informe, en las dos renovaciones anteriores, que corresponden a los años 2014 y 2018, el órgano periférico de la administración estatal ya había comunicado a Costas que no podía pronunciarse puesto que no existía un plan director de uso y gestión que ordenase estos puntos de fondeo y amarre en el litoral de Sant Lluís. En ambas ocasiones Costas, pese a este razonamiento, decidió conceder la autorización al Ayuntamiento.
Vista la inacción del Consistorio durante este tiempo con las alcaldías sucesivas del PP, Volem Sant Lluís, y el actual del PSOE, Capitanía Marítima, en atención al plan de puertos del Govern, a través de Ports IB, hecho público el año pasado, ha decidido emitir el informe desfavorable vinculante que ha motivado, ahora sí, la negativa a la autorización por parte de Costas, comunicada al Ayuntamiento el 5 de abril.
La situación con la temporada ya iniciada mantiene en el aire el uso de los 498 puntos de amarre y fondeo del litoral del municipio, hasta que Capitanía Marítima se pronuncie respecto a la propuesta que le ha hecho llegar el Consistorio. «En principio parece razonable, pero lo que importa es el compromiso para disponer de este plan, aún debemos valorarla», apunta José Luis Ortega, jefe del Distrito Marítimo de Maó.
En Sant Lluís los amarres y fondeos han pasado de unos 200 en 2010 a 498 actualmente, «y el problema es que no hay un techo porque es necesario un plan que lo marque y ponga límites», indican desde Capitanía Marítima, que además contemple la seguridad, contaminación, posidonia, dimensiones de las embarcaciones y que fije criterios.
A medida que vayan acabando las concesiones en otros puntos del litoral insular la situación será la misma aunque la casuística es muy diversa. En Sant Lluís la petición la hace el Ayuntamiento por lo que la concesión es municipal aunque los amarres los gestionan varias asociaciones. En otros lugares, como en Es Grau, es una asociación de usuarios, la que tramita la petición y los gestiona aunque a la larga no podrán hacerlo porque no tiene capacidad, y en otros casos son empresas directamente, señala Capitanía, «pero en cada lugar han de contar con la tutela de una administración».
El asunto es que no quieren ni barcas, ni coches ni nada. ordenes de Soros y compañia....