El Consell insular asegura que el refuerzo del cuerpo de inspectores del departamento de Ordenación Turística es inminente. Ya ha recibido el visto bueno del Servicio de Personal, cuenta con una bolsa de candidatos y solo está pendiente de «un último informe» de validación para el que no prevén contratiempos, por lo que calculan que en un par de semanas podrían incorporarse los tres nuevos inspectores presupuestados tras el acuerdo alcanzado con el Govern. Ello supondrá que el Consell prácticamente duplique, pasando de cuatro a siete personas, su capacidad de inspección de la oferta turística, con atención «prioritaria» al alquiler turístico ilegal.
Así lo explicó esta semana el conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana, quien hizo una defensa de la labor del servicio de Inspección tras las críticas recibidas por el grupo ecologista GOB, que ha denunciado la «impunidad» con la que campa este tipo de oferta en la Isla, denunciando su expansión por los cascos urbanos y el suelo rústico y cuantificándolo en «decenas de miles de plazas». Pastrana aportó algunos datos, como el recuento actualizado de expedientes iniciados desde el mes de enero de 2022. Antes de concluir el mes de mayo han sido 19, centrados exclusivamente en la oferta ilegal de alquiler turístico, cuando en todo el año pasado se iniciaron 24.
De los 24 expedientes abiertos en 2021 se derivaron propuestas de sanción por valor de alrededor de 776.000 euros, siendo grave la gran mayoría de las infracciones detectadas, y Pastrana explica que «las sanciones se van cobrando». De hecho buena parte de los propietarios se acogen al pronto pago para ver reducido el importe de la multa. Desde el Consell aseguran que son los primeros interesados en «cubrir cuanto antes las tres plazas de inspector» para poder ganar músculo en el control de la oferta ilegal y hacen un llamamiento a la población para que si tiene conocimiento de este tipo de prácticas lo denuncie para facilitar el trabajo de los profesionales, que muchas veces encuentran grandes dificultades para certificar las infracciones y poder actuar.
Pastrana quiso subrayar que «nuestra principal prioridad es perseguir la oferta ilegal», pero también matizar que no es esa la única obligación de los inspectores, que también deben controlar y atender las denuncias sobre el cumplimiento de las condiciones de la oferta reglada. Asimismo recordó que el Consell tiene las manos atadas, mercede a la sentencia del Tribunal Supremo, para actuar contra las grandes plataformas y que eso les deja como único objetivo a los particulares, que cada vez dan muestras de una mayor pericia a la hora de camuflar pistas sobre su identidad o localización.