Los usuarios de amarres públicos en el puerto de Maó, en la zona de la Colàrsega, se sienten arrinconados y sin servicios, titulares de segunda en una rada en la que casi todo es ya concesión privada. De hecho, temen que ese sea el próximo paso que dé Autoridad Portuaria de Balears (APB), que se desprenda de la gestión directa de este centenar de amarres para embarcaciones de pequeña eslora al final del puerto y que los saque a concurso para que los explote una empresa privada. Pero se han organizado en una entidad, la Associació d'Usuaris des Jonquet, y van a dar la batalla para que esos puntos de atraque sigan siendo públicos, utilizados por los amantes de la navegación más modestos, y para conseguir tener mejoras básicas como alumbrado.
Porque ahora el pantalán de estos amarristas es el único que de noche permanece a oscuras. Hasta hace poco la estructura no tenía ni puerta ni llave, lo que hacía que fuera objeto de actos vandálicos de manera repetida. Ahora han logrado el cerramiento, cuyo manejo realizan con una aplicación móvil, una rampa para el acceso de personas con movilidad reducida y una máquina de agua, ya que otra comodidad de la que carecen son las torres con servicio de agua y de electricidad de la que sí gozan los amarristas en concesiones privadas.
Son avances conseguidos gracias a las reclamaciones ante Ports de Balears de la nueva asociación creada el pasado invierno para defender los intereses de los usuarios de amarres públicos, que se consideran abandonados y en desigualdad de condiciones frente al resto, debido a que pagan precios públicos y «somos gente modesta, jubilados, aficionados a la pesca que tienen llaüts», personas de la Isla que no son propietarios de grandes yates; la eslora máxima permitida en esta zona de atraques es de 8 metros.
Los usuarios de amarres de gestión pública se ven al borde de la extinción en todo el Mediterráneo frente al negocio que suponen las marinas privadas. «Sabemos que hay mucha demanda de amarres y listas de espera», indica Barber, y el temor es que si se da la gestión a manos privadas se tripliquen los precios. Quieren ser recibidos por el delegado de APB en Maó, Vicente Fullana, y conocer de primera mano los planes del ente. Si sus temores se cumplen avisan de que montarán una campaña para dar a conocer su realidad y reivindicar los amarres públicos.
El Port no es de la APB, es de los menorquines. Que pretendan amarrar en él sus modestos llauts es de lógica y ética incontestables.