La Audiencia Provincial de Palma ha desestimado la denuncia interpuesta por el GOB contra el Ayuntamiento de Alaior por negarle el acceso al expediente del proyecto de reforma del hotel Sol Milanos Pingüinos de Son Bou. Los ecologistas, que habían acudido a la vía penal porque la administrativa suele demorarse demasiado en el tiempo, acaban de recibir el fallo de los jueces, en el que reconocen que existe una «controversia jurídica acerca del concreto momento en que es posible el acceso» a los expedientes administrativos, pero asegura que la resolución del conflicto no le corresponde a esa jurisdicción y que no se evidencia una actuación «groseramente contraria a derecho».
- DOCUMENTO | Auto de la Audiencia Provincial que desestima la denuncia del GOB contra el Ayuntamiento de Alaior (PDF)
Cabe recordar que la denuncia proviene del intento frustrado del grupo ecologista de acceder a la documentación referente a la presentación por parte del promotor, el grupo hotelero Meliá Hotels International, de un proyecto de reordenación de parcelas en el año 2021. El Ayuntamiento denegó el acceso al expediente al GOB con el argumento de que «se trataba de un trámite no finalizado», el mismo argumento que dio para no dejarle consultar el expediente del intento de legalización de las siete piscinas construidas sin licencia en el agroturismo de Torre Vella.
Desde que en el año 2017 Meliá presentara su proyecto para consolidar las dos torres que albergan el complejo hotelero Milanos Pingüinos, los ecologistas han ido consultando documentación sobre «estos dos grandes edificios existentes en la playa, que representan uno de los impactos paisajísticos más importantes que se llevaron a cabo en la Isla desde el crecimiento urbanístico de los años sesenta», según explicaron ayer en un comunicado en el que recuerdan que a raíz de esas consultas descubrieron que los hoteles nunca habían cumplido con las condiciones de la licencia de edificación, especialmente en relación a las dimensiones que debía tener la parcela. Es por ello que los ecologistas consideran que cualquier reforma debe adaptarse a la legalidad vigente, es decir, edificios de planta baja más dos alturas: «Es una oportunidad para corregir un error histórico».
Desde el GOB califican de «chocante» el argumento del Consistorio para negarle el acceso a la documentación porque «querría decir que la ciudadanía no puede opinar hasta que las cosas están resueltas» y no se rinde en su intención de consultar el expediente. A principios de mayo volvieron a solicitarlo al Ayuntamiento. La respuesta ya no es una negativa rotunda, sino la apertura de un plazo de quince días al tercero afectado, el promotor, para que pueda presentar las alegaciones oportunas a la muestra del expediente a los ecologistas. El plazo está a punto de expirar y el GOB tiene «la esperanza de poder recibir una respuesta en breve».