Los trabajadores de las deixalleries han dicho basta. Después de meses denunciando ante el Consorcio de Residuos y Energía, dependiente del Consell, las «deficientes» condiciones laborales de la plantilla, con una creciente carga de trabajo, incumplimientos de la legislación sobre prevención de riesgos laborales, bajos sueldos y categorías laborales inferiores a las funciones que se desarrollan, el sindicato CCOO hizo ayer pública la «situación insostenible, que está provocando el colapso del servicio, las malas condiciones salariales y laborales y un clima de trabajo asfixiante».
Desde el sindicato apuntan directamente al Consell, responsable último de la gestión de la empresa concesionaria, y al conseller Josep Juaneda. Lamentan que se reunieron con él a principios de septiembre de 2021 y que le entregaron un informe el 14 del mismo mes, reclamándole la remunicipalización del servicio, extremo que Juaneda habría rechazado, según el relato del sindicato, desde el que se considera una «vergüenza que un gobierno que se dice de izquierdas pueda permitir sueldos tan bajos entre los trabajadores de sus contratas».
Lamentan que no ha habido «ninguna mejora» y amenazan con una huelga en pleno agosto. Aseguran que los sueldos de la plantilla «ni se acercan a los mil euros» y que se trabaja en las mismas condiciones a pesar de que en algunos meses el trabajo se ha triplicado: «Los trabajadores de las deixalleries se pueden considerar técnicamente pobres».
El conseller de Ciudadanos, Eugenio Ayuso, mostró ayer su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores y denunció que su situación es «precaria», además de asegurar que el origen del problema estuvo en el cambio de contrato en 2018, que supuso una modificación «a peor» de las condiciones del contrato y del convenio.