El patronato de la Fundació Rubió i Tudurí acordó en la última reunión celebrada el pasado 29 de junio emprender acciones para recuperar la gestión de Mongofra, la finca situada al norte de la Isla, que fue alquilada al empresario franco-rumano Dimitri Sturdza, socio y administrador de la sociedad limitada Mongofre World Heritage hace seis años.
Entonces uno de los puntos del orden del día incluía el análisis y seguimiento del contrato de arrendatario de Mongofra Nou y adopción de decisiones. Tras el debate los miembros de la junta acordaron iniciar la tramitación par conseguir la rescisión del contrato. Era el desenlace en la lista de desencuentros entre el patronato y el empresario cuya relación, al parecer, no ha sido lo fluida que cabía esperar tras la firma de un acuerdo que incluía una serie de condiciones y que ya se vio salpicado entonces por los derechos de los herederos del mecenas al uso de la finca en las vacaciones estivales, como finalmente consiguieron por sentencia judicial.
El paso dado por el patronato sugiere su desacuerdo con el cumplimiento del documento. Sturdza se comprometía a abonar anualmente 120.000 euros en un contrato que tiene 30 años de vigencia. Además incluía una inversión a su cargo de 5 millones de euros para adecuar dependencias de la finca pero también para construir nuevos espacios o ampliar los existentes, aunque no precisaba el plazo del que dispone para hacerla. Los usos que se le daban a la finca para su explotación eran variados entre el turístico, restauración, hostelería, agrícola y ganadero, sociocultural, así como la promoción del arte y la cultura, todos ellos objeto social de la mercantil Mongofre Wordl Heritage, de la que es administrador el empresario.
Sturdza rehusó este lunes a realizar declaraciones al respecto. Afirmó que el 5 de noviembre viajará a la Isla y se entrevistará con su abogado «para saber lo que hay», y dijo que no había recibido ningún correo electrónico de la Fundació Rubió i Tudurí.
Siguiendo el proceso habitual para rescindir un contrato de estas características, el primer paso es comunicar las intenciones al arrendatario para tratar de alcanzar un acuerdo y, de no ser así, plantear una demanda judicial, que puede ser la vía inevitable para que la Fundació logre su propósito. Su presidente, Hipólito Mercadal, no atendió este lunes las reiteradas llamadas y mensajes de este diario como único miembro autorizado de la junta para explicar los pormenores de las acciones del patronato.