Mallorca dispondrá el próximo año de 224,8 millones para transporte público terrestre, 149 para transporte por carretera y 75,8 en el ferroviario. La inversión en Menorca, descontadas las retribuciones del personal adscrito al servicio, apenas supera los cuatro millones, según el presupuesto de este año. Traducido a gasto por persona, en Mallorca la administración pública dedica 246 euros y en Menorca, 42,5. Si solo se tiene en cuenta el transporte por carretera, igualmente el gasto por persona es de 163 euros en Mallorca, más del triple que el de Menorca.
Por tanto, en conjunto el gasto per cápita es seis veces más bajo en las islas menores (Eivissa está en parecida situación a Menorca), donde el transporte depende de sus respectivos consells, mientras que la competencia en Mallorca la ejerce el Govern.
La diferencia presupuestaria de una administración y otra resulta evidente en las políticas que aplican. En razón de sus recursos, el Govern puede llegar más lejos que los consells. En Mallorca el transporte público es gratis para los menores de 16 años desde hace un año, mientras que en Menorca no ha podido implantarse hasta el pasado 1 de septiembre y además tiene fecha de caducidad el 31 de agosto próximo.
Tarjeta intermodal
La discriminación no solo es aparente. Para obtener la llamada tarjeta intermodal, que permite viajar por Mallorca en bus, tren y metro, se exige entre los requisitos ser residente en ese territorio. La consellera menorquina de Movilidad, Montse Morlà, expresó su queja en el último consejo balear de transporte, «es una discriminación, el requisito debe ser residente en las Islas, aunque probablemente, siendo estrictos con la legislación, se debería incluir toda la Unión Europea», señala.
Lo flagrante, no obstante, es la visión mallorquina de un servicio que se está pagando con los presupuestos autonómicos. Además, «son justamente las islas menores las que, por su condición de doble insularidad, necesitan más bonificación al transporte», argumenta Morlà.
Resulta elocuente que el Consell de Menorca en pleno adoptara un acuerdo unánime para solicitar al Govern algo tan evidente como ese requisito para obtener la tarjeta intermodal, el cambio de Mallorca por Illes Balears. El argumento de la titularidad de la competencia es el que ha utilizado hasta ahora el Ejecutivo balear para limitar sus mejoras en el transporte público terrestre al territorio donde la mantiene, aunque visto desde Menorca levanta quejas de desigualdad.
Morlà, que recibe la financiación de Madrid del 50 por ciento al transporte en bus a través de Palma, no tiene reparos en admitir que esta diferencia de trato por parte del Govern «nos hace sentir ciudadanos de segunda, con esa política desigual no defiende las islas menores», afirma.
La aludida doble insularidad es uno de los argumentos que utilizará en la negociación que piensa mantener con el Ministerio de Transportes -convenio de carreteras al margen, que mantiene también en su reivindicación- para que la Administración central eleve al cien por cien la bonificación del transporte público el próximo año. De momento, solo está garantizado el 50 por ciento hasta fin de año.
Probablemente, habría de exigirse esa financiación extra al Govern como forma de acercar las islas menores a la mayor en inversión en transportes. O renegociar una transferencia que, vista la dispar evolución que ha tenido, está perjudicando de forma ostensible a los territorios que recibieron la competencia.
A finales de los 90 el PP tenía mayoría en el Govern y en los consells de las islas menores. No hubo oposición a la transferencia. El Consell de Mallorca lo presidía Maria Antònia Munar en un gobierno de coalición con la izquierda y la rechazó.
La afinidad política entre instituciones crea en ocasiones perjuicios por ausencia de reivindicación. Es lo que ocurre ahora a la inversa ante el «atropello» o la «diferencia brutal en el trato», según reconocen en privado algunos cargos de los partidos gobernantes, que hay en la política de transporte.
Críticas en Eivissa
En la isla pitiusa, con mayoría popular, sí han levantado la voz, en particular contra el conseller ibicenco del Govern, Josep Marí. El vicepresidente del Consell de Eivissa, Javier Torres, reaccionó ante el anuncio del tranvía de Palma, criticando que se anunciara como una apuesta por Balears «cuando lo que hace es apostar de manera específica y particular por Mallorca, el resto de islas le dan igual», señaló el dirigente del PP.
El apunte
El pecado original de una competencia sin dotación económica
La tranferencia de transporte a los consells de Menorca y de Eivissa data de diciembre de 1998. Mallorca renunció a gestionar el transporte público y su gestión quedó en manos del Govern. Llegó infradotada, de hecho, no cuenta con una dotación económica específica y ha de nutrirse de la transferencia global que el Govern realiza a los entes insulares a través de la Ley de Consells. Es el pecado original de una materia que ha contado siempre con pocos recursos.
La cuantificación del coste efectivo de la competencias de transporte se fijó 24 años atrás en poco más de 38 millones de pesetas, 232.000 euros al cambio actual. Dos terceras partes correspondían al pago del personal adscrito a este servicio, para inversiones reales la cantidad consignada eran 36.000 euros. Desde entonces no se ha corregido, se apela a la mejora general de la financiación de los consells como remedio global a los problemas puntuales.