El Plan de Lucha contra la Precariedad Laboral que el Govern ha puesto en marcha esta temporada por sexto año consecutivo ha detectado un total de 12 personas en Menorca que trabajan en economía sumergida, por lo que han tenido que se ha debido tramitar el alta en la Seguridad Social.
Este es uno de los datos del balance que ha ofrecido el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, del resultado de este año del plan. En Menorca han trabajado seis inspectores y subinspectores del Cuerpo de inspección de Trabajo y Seguridad Social durante los meses de julio y agosto. Realizaron 240 inspecciones en 244 visitas a centros de trabajo de la Isla, y fruto de ello, 249 personas han visto analizadas sus condiciones laborales.
El total del efecto directo del plan en la isla ha sido de 62 personas beneficiadas. Se han revisado 172 contratos en parcialidad, de los cuales se han ampliado 34, porque trabajaban más horas y se ha ampliado su jornada. Igualmente, en temporalidad se han revisado 65 contratos y se han transformado 16, que estaban como fijos discontinuos, pasando a indefinidos.
De hecho, como ha destacado el conseller, después de que la Reforma Laboral haya reducido la temporalidad, el Plan de Lucha contra la Precariedad se ha centrado especialmente en la parcialidad, el registro de jornada y las faltas de alta.
También, por primera vez, el plan de lucha ha monitorizado la conversión de contratos fijos discontinuos en indefinidos y se han tramitado altas de afiliación de personas que estaban trabajando en economía sumergida.
Sanciones por más de medio millón de euros
Por otra parte, en el conjunto de Balears, las inspecciones de trabajo en julio y agosto se saldaron con 234 procedimientos sancionadores por importe de 576.000 euros. Esta cifra supone un incremento del 45 % con respecto a las sanciones interpuestas en 2019.
El refuerzo de los 30 inspectores desplazados -para completar una plantilla de hasta 93 efectivos- en estos dos meses de temporada alta se saldó con propuestas de sanción por economía irregular por valor de 381.000 euros; otros 74.257 euros por obstrucción a la labor inspectora; 113.000 euros por fraude en la temporalidad y tiempo de trabajo y, finalmente, 7.500 euros por faltas de comunicación a la Seguridad Social. Un total de 93 personas que estaban trabajando en economía sumergida (sin contrato) se han beneficiado de las inspecciones al haber podido darse de alta en la Seguridad Social.
Por otro lado, el conseller ha destacado el hecho de que Balears haya logrado situarse en unos registros de nivel de la ocupación homologables a la media europea, gracias en gran parte a los efectos de la Reforma Laboral: la tasa de parcialidad ha caído al 11,8 % (por debajo de la media estatal, del 20,3 %) cuando en 2015 era del 18,7 %. «El objetivo cuando presentamos el plan ese año», ha recordado Negueruela, «era situar la tasa por debajo del 12 %». Mientras, los puestos de trabajo a tiempo completo se han incrementado en 56.802.
«La Reforma Laboral ha tenido una incidencia importante porque el modo de contratar ha cambiado», ha señalado el conseller para subrayar que el Plan ha supuesto que un total de 4.803 personas hayan visto mejoradas sus condiciones de trabajo este año «teniendo en cuenta que la reforma ha normalizado las contrataciones temporales irregulares».
Por su parte, la vicesecretaria general y secretaria de Políticas Sociales de UGT en Balears, Xisca Garí, ha celebrado que hayan bajado las contrataciones temporales en fraude de ley, «que era una práctica extendida». Las sanciones, recalcó, demuestran que «se ha abusado de las horas extra y extensiones de jornadas». Asimismo, Garí ha expresado su deseo de que los refuerzos del personal de Inspección «se prolongaran durante más tiempo porque tienen un efecto disuasorio contra las negligencias de las empresas: Baleares necesita aumentar su cuerpo de inspección de forma permanente».
Al respecto, Negueruela ha señalado la «complejidad» de mantener este personal extra en el territorio balear más allá de los meses estipulados, dado que es personal cedido por otras comunidades que también tienen sus propias necesidades el resto del año.