La Dirección General de Política Industrial, del Govern balear, va a abrir una investigación para clarificar la denuncia que han hecho llegar a su máximo responsable, Antonio Morro, un grupo numeroso de empresarios del sector de las instalaciones de electricidad en la Isla que se consideran perjudicados por una presunta competencia desleal a cargo de las grandes compañías nacionales.
Se trata de verificar la existencia de prácticas fraudulentas en la contratación e instalación de suministro eléctrico en zonas rústicas no urbanizadas de la Isla. Los lugares donde se habrían producido estas infracciones serían en edificaciones por los entornos de los caminos de Son Aiet, Son Rossó, Ses Retxilleres, en el término municipal de Ciutadella.
Estas compañías estarían incumpliendo la normativa que recoge el Plan Territorial Insular por la que las nuevas instalaciones en suelo rústico no deben hacerse con postes de madera para realizar líneas aéreas sino que han de ser soterradas. Por ello cuestionan la legalidad de las actuaciones y sospechan que se han ejecutado sin la solicitud y obtención de los permisos obligatorios para la colocación de estas estructuras que permiten la disponibilidad del suministro eléctrico. «Hay zonas en las que no había suministro y ahora lo tienen gracias a estos postes, por tanto, no es que se hayan sustituido por su deterioro sino que se trata de instalaciones nuevas», concluyen los empresarios, en zonas aparentemente prohibidas.
Añaden que algunos de sus clientes a los que no han podido atender en la instalación porque la normativa se lo impide, les han comunicado que comerciales de Iberdrola les han asegurado que pueden conseguirles el suministro si se lo contratan a ellos. Otros han asegurado que Endesa realiza zanjas para instalar pasos de línea eléctrica en zona rústica y que personas en nombre de esta compañía eléctrica española han instalado los postes de madera para proporcionar el suministro.
Recuerdan los empresarios menorquines del sector que todo usuario tiene derecho de enganche a la red cuando la situación urbanística de la vivienda, finca o edificación haya surgido de una legalidad, es decir, mediante la obtención de una autorización o licencia, lo que en estos casos ponen en cuestión.
Estas actuaciones serían preceptivas si siguen el procedimiento legal. Se refieren los empresarios a la existencia de una infraestructura eléctrica, un boletín o memoria técnica de diseño, y la cédula de habitabilidad, en caso de suministro a viviendas. Sospechan que se están obviando los permisos municipales, y al tratarse de zonas rústicas no legalizadas «es imposible obtener por cauces legales un suministro eléctrico». Si carecen de cédula de habitabilidad, «podría tratarse de alguna comercializadora que por mala fe o desconocimiento presuntamente realiza contrataciones fraudulentas en beneficio propio».
Fuentes de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática han confirmado esta semana a «Es Diari» que procederán a investigar el contenido de la denuncia, una vez concreten de qué instalaciones se trata. Iniciarán, según el protocolo habitual, las actuaciones previas encaminadas a esclarecer los hechos que se sustancian en el documento de protesta.
El apunte
Segunda denuncia dirigida a la Dirección General de Política Industrial
Durante el pasado verano el grupo de empresarios menorquines del sector ya se dirigieron al director general de Política Industrial, Antoni Morro, en términos similares tras haber detectado anomalías en distintas zonas del término municipal de Ciutadella, básicamente en zonas rústicas no urbanizadas, y que por tanto no están legalizadas. Ante la falta de respuesta del departamento, hace un par de semanas han vuelto a trasladar la misma demanda que esta vez sí ha tenido respuesta por parte del Ejecutivo. Piden que se conozca la veracidad de la memoria técnica de diseño con la instalación realizada, si estas instalaciones disponen de permisos y qué empresa ha hecho los contratos.