La credibilidad del aparato judicial está en entredicho en las últimas semanas debido a la disputa entre los órganos más poderosos del Estado. Una resolución hasta ahora desconocida adoptada por el Tribunal Constitucional ha sacado a relucir un manejo premeditado de la clase política al paralizar el alto tribunal la tramitación parlamentaria de la reforma que modificaba el modo de elegir a sus magistrados.
Por un lado el permanente bloqueo del Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con mayoría de vocales conservadores, y como consecuencia, la maniobra del Gobierno. Pedro Sánchez planificó modificar la normativa y lograr una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional colando en la modificación de la reforma del Código Penal referida a los delitos de sedición y malversación, también la de la elección de los magistrados del TC, sin aparente relación. En suma, una batalla por el poder que cuestiona ante la sociedad la obligada división del legislativo, el ejecutivo y el judicial como sostén de la democracia.
El martes pasado, sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sorprendió alcanzando al fin un acuerdo para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les correspondía, y además por unanimidad.
Voces expertas vinculadas a la justicia insular admiten el descrédito que provoca entre el ciudadano este episodio, que también salpica a la que se practica aquí. Los magistrados-jueces Bartomeu Mesquida y Sergio Martínez no habrían actuado como lo ha hecho el Constitucional. Los abogados, Pedro Monjo, y Francisco Marqués inciden en el desencanto de la sociedad y lamentan las acciones del gobierno actual, como lo hicieron los anteriores hasta acabar corrompiendo la justicia.
Francisco Marquès, abogado: «Los altos tribunales siempre han estado politizados»
«Los altos tribunales siempre han estado politizados desde que los nombran quienes gobiernan. Que no hayan podido hacer la renovación ahora es coyuntural».
«No es un golpe de estado ni mucho menos. Lo que ha hecho el Constitucional es una cuestión de legalidad muy técnica, correcta y respetuosa con la ley a la que ciudadanos e instituciones estamos sometidos, y no un motivo político. Es que la forma de legislar de este gobierno, que con sus pactos vergonzosos e indultos le hace entregarse a quienes no respetan la Constitución».
«Hay muchas cosas en la justicia que no funcionan pero no porque forme un cuarto poder en contra del gobierno. Cuando este intenta hacer algo técnico como modificar el Código Penal que debiera ser tan difícil como cambiar la Constitución pasa lo que pasa, que al final hacen leyes para beneficiar a los violadores o quitar los delitos que saben que los independentistas catalanes volverán a cometer».
Bartomeu Mesquida, magistrado juez: «La clase política ha convertido el CGPJ en una extensión suya»
«La erosión del poder judicial tan brutal es porque la gente deja de creer en la justicia, por eso la más próxima también se resiente porque se transmite la sensación de que los órganos judiciales están politizados y deciden lo que macan los partidos».
«El conflicto parte por la obstrucción política en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Se han hecho adscripciones políticas de los jueces como si formasen parte de una tendencia, y todos la tienen, es evidente, pero lo que deberían destacar son sus conocimientos jurídicos y no a sus fobias y filias políticas. El CGPJ ha hecho mucho daño pero la responsabilidad es de la clase política que lo ha convertido en una extensión suya».
«No tengo nada que decir del sistema que hay para nombrar los magistrados sino de su comportamiento; el PP ha sido el más obstrucionista al estimar, por ejemplo, que Podemos no podía participar en la elección cuando es un partido democrático y a sus representantes los ha elegido la ciudadanía».
«Se puede mejorar el sistema de elección pero no puede ser endogámico de los jueces porque no todos pueden acceder a estos cargos. Es mejor que el procedimiento sea más amplio e intervengan Parlamento y Senado. Hasta ahora se había respetado pero al haber más partidos ha faltado talante. Ya no es un problema de tener ideas diferentes sino de que no se aceptan».
«No ha sido un golpe de estado del Constitucional, pero me extraña que se tomaran estas medidas cautelarísimas. El TC ha de velar porque todas las normas estén adecuadas a la Constitución pero debería haber esperado a que Parlamento y Senado la aprobaran o no, y entonces pronunciarse. La soberanía nacional reside en el Parlamento. No comparto esta respuesta jurídica».
Pedro Monjo, decano de los abogados de Menorca: «Los magistrados del TC y CGPJ eran independientes y ya no lo son»
«Hasta 1985 la justicia era de los jueces, eran ellos quienes elegían a 12 de los 20 vocales del CGPJ, pero entonces, González, que fue un buen presidente, cambió la ley para que a los vocales los nombraran el Senado y el Congreso politizando este órgano garante de la Constitución; no se designan por su valía sino por su tendencia política».
«Los jueces son jueces y han de dictar sentencias conforme a la ley. Es impresentable que se les diga progresistas o moderados, lo único que debería contar es que son jueces-magistrados.
«La actuación del Constitucional al frenar la tramitación la prevé la ley aunque no se había hecho nunca, no es ninguna politización. Es un grave error de los partidos querer someter al CGPJ porque se rompe el equilibrio y la inedependencia de los poderes del Estado. Si se politiza es porque el CGPJ nombra a los magistrados del Supremo y si la mayoría es progresista pondrá a los suyos. Eran independendientes y ya no lo son, ahora son de un partido político».
«No ha sido ningún golpe de estado aunque no guste lo que ha hecho y ahora se politice. El PP tampoco hizo nada para cambiar este sistema de nombramiento».
«Es normal que nadie crea en justicia o en los políticos con estas cosas, queda corrompido. La solución solo pasa por pactos entre los partidos. No nos creemos las noticias de TV, no confiamos en los políticos y si al final tampoco creemos en los jueces del Consejo, la situación es lamentable».
«Ahora pasará que el TC y el CGPJ van a ser progresistas, del mismo color que el gobierno actual y por tanto no van a frenar ninguna ley que emane del Congreso donde son mayoría».
Sergio Martínez, magistrado juez: «El pluralismo político debería llevarse a rajatabla»
«El pluralismo político debería llevarse a rajatabla porque es un valor fundamental junto a la seguridad jurídica».
«Por encima de los órganos judiciales no debería haber ningún ámbito de exclusión ni enjuiciamiento. Lo que ha hecho el TC es una opción que se podía dar pero puede crear un precedente peligroso. Darle a esto una significación exclusivamente política es lo que no se debería fomentar. La interpretación de la ley y su aplicación deberían ser estrictamente jurídicas».
«Que se haya solucionado al menos parcialmente con los nuevos candidatos elegidos, e incluso alguno sea progresista es buena noticia. Soy más partidario de que los elijamos los jueces para evitar esa connotación política. Espero que la gente diferencie a los jueces que estamos a pie de cañón y a los de las altas esferas».