La división de los socios de gobierno municipal en la aprobación de la modificación de la ordenanza se mantiene tras el anuncio de la demanda contencioso-administratriva que interpone la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Menorca contra el Ayuntamiento.
El pleno la aprobó pese a los votos en contra del PSOE, la abstención de PP y Ciudadanos, y los favorables de Unidas Podemos-GentxCiutadella y PSM provocando un desencuentro que regresa a partir de la demanda y la solicitud de que se suspenda cautelarmente la aplicación de la ordenanza.
El PSOE ha pedido al equipo de gobierno que deje sin efecto esta nueva exigencia a los locales del centro mientras se abre un diálogo real con todas las partes para hallar una solución.
La formación socialista se alinea con los empresarios del sector compartiendo sus argumentos, explica en un comunicado. Recuerda que fue el único partido que se opuso en el pleno y que el cambio no ha solucionado el problema de ruidos sino que ha creado otro nuevo.
«Se pretende abordar una problemática de ruidos solo con una modificación de la ordenanza horaria, lo que impide encontrar soluciones adecuadas», afirma la concejal Sandra Moll. Lo que se pretende modificar, añade, tiene poco que ver con el objetivo inicial de reducir las molestias a los residentes. La norma no evita que las personas que salen de estos locales bajen su tono de voz, añade.
Sin embargo, los partidos que propiciaron el cambio en la normativa no están dispuestos a dar ningún paso atrás, salvo que el recurso prospere y el juez dicte lo contrario. «Si cada contencioso que tiene el Ayuntamiento tuviera que paralizar la cuestión no podríamos tirar adelante ninguna», explica el teniente alcalde de Gent x Ciutadella, Sergio Servera.
Su partido votó a favor de este cambio en la ordenanza «porque tenía todos los informes jurídicos preceptivos favorables, y al final será el juez quien decidirá», indica.
En contra del argumento que utiliza la asociación en su contencioso contra el Ayuntamiento, UP-GxC interpreta que el control de accesos en locales de ocio también está regulado por un decreto del Govern, por lo que es exigible no solo en el casco antiguo sino seguramente en más locales de determinado aforo. Sostiene, por tanto, que «es una exigencia por la que hemos de velar».
En cuanto al PSM también se mantiene en su misma postura. La concejal de Disciplina Gubernativa, Maria Jesús Bagur, indica que su grupo no está de acuerdo «en dejar sin efecto una ordenanza que votamos a favor». Recuerda que tiene como objetivo ayudar a mejorar la convivencia entre actividades económicas y el descanso de los residentes, por lo que, añade «el contencioso seguirá su camino».