Activista por los derechos humanos y fundadora de la organización Caminando Fronteras, Helena Maleno lleva muchos años investigando sobre los movimientos migratorios. Hace unos días aterrizó en Menorca para presentar un informe que se enmarca en el proyecto que financia el Fons Menorquí de Cooperació sobre la ruta migratoria de Argelia hacia Balears.
¿Qué conclusiones saca del informe?
—Tradicionalmente ha habido un vínculo muy importante entre Menorca y Argelia, el mar ha actuado de puente. Pero en los últimos años con las políticas de la fortaleza europea y las políticas de control migratorio, ese mar se ha convertido en un gran muro de indiferencia. ¿Qué saben los menorquines sobre Argelia, sobre por qué salen esas embarcaciones y sobre por qué han llegado más de 2.000 personas a Balears? Sabemos muy poco sobre lo que pasa al otro lado. También hay muchas familias que buscan a personas muertas y desaparecidas en esta ruta y que no saben qué pasa en las Islas. Con este informe queremos romper ese muro de indiferencia.
¿A qué se debe el repunte de migrantes de Argelia?
—En 2019 hubo un levantamiento social denominado Hirak y muchas personas salieron a la calle pidiendo mayor derecho social y desarrollo económico. Ahí se reactivó la migración en el Mediterráneo Occidental. Hay mucha gente joven y mucha infancia migrante que sale en busca de derechos, también mujeres que huyen de violencias machistas y perfiles de potenciales demandantes de asilo y refugiados que no están encontrando una respuesta por el estigma que les acompaña.
Ha vivido durante muchos años en Marruecos. ¿Cuánto ha cambiado el país en materia de derechos humanos?
—Ha habido una caída de los estándares de los derechos humanos en los últimos años, sobre todo a partir de 2018, que ha afectado muchísimo a las personas migrantes y que se recrudece en los momentos de buena vecindad entre los países. Cuando obligamos a países como Argelia o Marruecos a ser gendarmes de Europa también les obligamos a militarizar sus fronteras y se subvenciona la violación de derechos humanos desde los estados europeos. Cuando las relaciones de cooperación entre países no se centran en el desarrollo de los pueblos, sino en el chantaje, los derechos humanos de las personas migrantes se convierten en una moneda de cambio.
Hace unos días se celebró la cumbre hispano-marroquí y uno de los temas era la migración y delimitación de aguas.
—Veremos si el Estado español le ofrece a Marruecos las aguas canarias. Ya hay empresas haciendo prospecciones por las riquezas que hay. Al final, las fronteras acaban siendo un negocio y las personas son víctimas. Ahí no se ha ido a hablar de derechos humanos, sino de negocios.
¿La masacre de Melilla fue un punto de inflexión?
—No, todo estaba pensado. Empujaron a los chavales a irse hacia la valla y la gendarmería marroquí grabó imágenes para difundirlas. Era la cumbre de la OTAN y Marruecos quería que se viera la migración como una amenaza híbrida para la seguridad europea. Hace unos días cesaron al jefe de la Guardia Civil en Melilla porque abrió una investigación interna sobre lo que pasó ese día. Cualquier intento de investigación se topa con la impunidad. La Fiscalía General del Estado no ha estado a la altura. Ya hemos visto casos similares antes. El abandono de migrantes en el desierto en 2005 y la tragedia del Tarajal en 2014 son algunos ejemplos. Hasta ahora, en todas estas masacres, los gobiernos españoles han felicitado a los que han matado.
¿Hemos normalizado este tipo de actuaciones?
—Sí. De hecho, normalizar que una persona puede perder la vida al cruzar una frontera es una colaboración necesaria para mantener este régimen de fronteras. Normalizar las muertes y la violencia es, junto con el racismo, un sostén ideológico de la propia construcción de la frontera como un espacio de no derecho. Es necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía, porque no podemos formar parte de estos procesos de indiferencia. La indiferencia en las fronteras te hace cómplice.
El apunte
La ruta migratoria desde Argelia hacia Balears, la segunda más mortífera
El aumento de víctimas en las fronteras se ha instalado en los últimos años. Es la conclusión a la que llega, después de varias investigaciones de campo, el equipo de la organización Caminando Fronteras. Según los datos de los que disponen, 2.390 personas murieron tratando de llegar a España en 2022. «En los últimos cinco años, las cifras demuestran que, cada día, seis vidas mueren intentando llegar al estado español», asegura Erika Guilabert, responsable de proyectos de Caminando Fronteras.
La ruta de la que más se habla, subraya Guilabert, es la canaria, porque es en la que se han constatado más muertes, un total de 1.784, según la organización. «La segunda ruta más mortífera es la argelina hacia Balears», indica la responsable de proyectos de Caminando Fronteras, que el año pasado hizo, precisamente, un estudio sobre esta ruta migratoria entre Argelia y el archipiélago. En la misma se contabilizaron 464 víctimas y 43 embarcaciones desaparecidas. «Pero sabemos que esta ruta está infracontada», aclara Helena Maleno, fundadora de la organización.
«Nos faltan muchas más víctimas y la idea es reforzar el conteo que no está haciendo nadie para que se tomen medidas», explica Maleno, que insiste en que «para revertir la situación hay que deconstruir el relato racista y dejar de criminalizar a las personas que cruzan las fronteras».
Durante la investigación, recuerdan desde Caminando Fronteras, «nos han hablado mucho de los migrantes menorquines que fueron hacia Argelia porque no tenían para comer» y se preguntan «¿por qué cuando es al revés nos parece mal?». Abogan por que se abra, con urgencia, «un debate sobre la libertad de circulación como derecho».