«El carácter social» de las viviendas dotacionales entregadas dos semanas atrás en la calle Borja Moll de Maó «no es como lo han mostrado de cara a la galería», declara una de las jóvenes beneficiarias, que ha renunciado al apartamento que le había adjudicado el Ibavi. El elevado precio del alquiler es el primer motivo de su decisión.
Asegura que le exigían 475 euros por la vivienda, un apartamento de 38 metros cuadrados cuando en renta libre está pagando 400 por un piso de 80 metros con tres habitaciones en la misma ciudad. El precio se desglosa en 386,89 euros de alquiler propiamente dicho más 80 de gastos de comunidad y 8,83 de seguro. No llegó al final del proceso, después del sorteo de los pisos ante notario y conocer las condiciones y el coste que debería asumir desistió. Probablemente no fue la única, aunque solo ella ha decidido contarlo.
La alegría inicial de la adjudicación tras seis años en la bolsa de demandantes se trocó en decepción al conocer el detalle de las condiciones. Y se agravó al saber que el contrato no incluía ni el trastero ni plaza de aparcamiento por cuanto estos se comercializan aparte. Los precios del Ibavi establecen 4,54 euros por metro cuadrado útil de esos espacios, lo que implicaría unos 20 y 40 euros más por cada uno de ellos.
También va aparte el pago por uso de la lavandería, con máquinas instaladas en los servicios comunes, según explica. Además no está permitida la convivencia con mascotas y ella no está dispuesta a renunciar al perro que la acompaña.
El precio del alquiler se fija en función del salario del inquilino, los jóvenes pagan como máximo un 25 por ciento de su nómina y en ningún caso, asegura el Ibavi, supera el 30 por ciento. La joven afirma que va encadenando contratos, ahora está en el paro y cuando se inscribió en las listas cobraba 1.400 euros.
Trabajo para la comunidad
El pago de los suministros (agua y electricidad) también va aparte, aunque hay otra razón de más peso para la renuncia, estriba en las cuatro horas semanales de trabajo para la comunidad que se exige a los jóvenes, que son la cuarta parte de los inquilinos, diez de los 40 vecinos del edificio recién estrenado.
Esos trabajos los organiza y asigna a cada uno el dinamizador del proyecto intergeneracional, «que pagamos entre todos con la cuota de comunidad», añade. Son tareas de acompañamiento o actividades diversas repartidas en cuatro horas semanales, «que deberían compensarse, pensaba que lo descontarían del alquiler, que era lo lógico y coherente», afirma.
Sabe que la renuncia implica su desaparición de la bolsa de demandantes durante dos años, «más de una veintena de jóvenes han hecho lo mismo», apunta, después de la cita ante el notario, donde se les concedió cinco días para firmar el contrato. «Los que aceptaron es porque eran okupas o habitaban infraviviendas. Pero con esos precios no se puede ahorrar». Cree que al cabo de siete años, plazo de este contrato de alquiler con el Ibavi «estarás igual, sin proyecto de vida».
El apunte
El Ibavi asegura que los inquilinos saben que se trata de una promoción diferente
Las viviendas forman parte de «una promoción diferente, son alojamientos dotacionales, con un programa social de fondo y, por tanto, unas explicaciones diferentes», explican desde el instituto público de la vivienda. «Aquí la convivencia entre la gente joven y la mayor tiene un objetivo claro, combatir la soledad» de la segunda al tiempo que se facilita una vivienda a precio asequible a los jóvenes. Los garajes y trasteros se comercializan aparte, esa es la política del Ibavi y respecto a los precios, recuerda que estos apartamentos, dotados con una habitación, cuarto de baño y salón con una pequeña cocina con fregadero y vitrocerámica de dos fuegos han sido adjudicados por precios que oscilan entre 192,43 y 475,72 euros.