En la última entrega de la campaña de promoción turística de la asociación ecologista GOB se presenta a los visitantes el problema del acceso a la vivienda para la población residente y cómo los visitantes podrían ayudar. Concretamente, cuando se busca alojamiento de alquiler vacacional podría pedirse que se disponga de la correspondiente licencia turística, ya que la población residente también necesita viviendas.
En verano, explica el GOB en su web y en redes sociales, se detectan -con estudios de presión humana- unas 35.000 personas alojadas en la Isla en casas no declaradas como turísticas, lo que equivale a unas 7.000 viviendas. Por ello, el alquiler turístico ilegal está muy relacionado con la masificación turística y con la falta de viviendas disponibles para residentes.
Este año se ha incrementado el cuerpo de inspección turística, con el objetivo de imponer sanciones disuasorias a este nuevo fenómeno.