Ninguna ley ni normativa de menor rango ampara la cita previa que muchas administraciones mantienen en la atención pública al ciudadano. Apareció como medida de cautela sanitaria durante la pandemia y se ha quedado en muchos organismos.
Pepa Gil, decana de la Sindicatura de Greuges de Menorca, entiende que un buen uso de la cita previa puede agilizar y evitar esperas, pero la obligatoriedad de la misma acaba «cayendo en una «deshumanización de la administración hacia el administrado», recordaba en un artículo publicado en estas páginas.
La clave del rechazo a la obligatoriedad que se impone para determinados trámites o para todos los que han de realizarse en algunas oficinas públicas estriba en que ninguna ley ni norma de rango inferior ampara esta fórmula de atención. «Si quiere implantarse la cita previa no puede hacerse como exigencia y ha de adaptarse siempre a las necesidades diversas de la ciudadanía», argumenta Gil.
La cita previa puede ser vista como una limitación de derechos que impiden el acceso libre a los servicios públicos. Además, se ha constatado que para obtener la cita previa el único recurso es hacerlo a través de la web institucional correspondiente, motivo que aleja aún más de la atención pública a las personas con poca relación con la informática. Si se opta por la concertación de la cita por teléfono «es una una batalla casi imposible». Y en ella se centra la Sindicatura, en «evitar estas circunstancias y conseguir mantener el trato directo entre administración y administrados, creemos que las nuevas tecnologías han de servir de ayuda, no de impedimento para el acceso a los trámites administrativos».
Admite que la cita previa no está generalizada y que los ayuntamientos, los pequeños en particular, no la exigen.
El problema ha sido abordado en la II Trobada de Sindicaturas y Defensores de la Ciudadanía de Balears celebrada en Palma a finales de abril. En las conclusiones de la misma se proclama que «la cita previa no está regulada, la cita previa obligatoria no es legal, por tanto no es exigible. La cita previa puede estar vulnerando derechos porque dilata plazos en derechos fundamentales como empadronamiento, atención social o trámites legales», afirman.
A día de hoy, y con la pandemia dada por finalizada por parte de la OMS, no tiene sentido alguno esto de la cita previa.