El informe de Intervención del Consell sobre la adjudicación de becas para estudiantes desplazados, correspondientes al curso 2021-2022, confirma que hubo un comportamiento anómalo y una laxitud en el plazo de presentación de documentación. El informe fue solicitado por el Grupo Popular el pasado marzo con el apoyo de Ciudadanos, después de que la consellera del PP, Carmen Reynés, informara de que alrededor de 30 solicitantes habrían sido incluidos en la convocatoria pese a haber sobrepasado el plazo oficial para la presentación de la documentación «vulnerando así las bases de la convocatoria», subrayó ayer el PP en un comunicado.
Intervención da la razón a la oposición, corrobora que el proceso de adjudicación de las becas transgredió y superó en más de un mes el plazo máximo establecido para la resolución del expediente, aunque atribuye esa irregularidad al elevado número de peticiones presentadas.
El PP asegura que el informe «desatiende el hecho de que el Consell estableciera extraoficialmente y sin publicidad un período extraordinario que sin duda influyó y retardó la resolución final». Confirma que se incumplieron las bases, aunque no de forma esencial según su parecer, y recomienda que se corrijan para próximas convocatorias.
También se inhibe de analizar si se han podido dar otro tipo de irregularidades, da por buena su validación de los resultados y remite a otros órganos para asumir la revisión de un expediente de «gran volumen documental».
En ningún momento, y a lo largo del informe, se considera que la admisión de nuevos peticionarios fuera de plazo haya podido perjudicar en términos económicos a los que sí cumplieron con los requisitos formales de las bases en todo momento, como denunció el Grupo Popular. La consellera Reynés desveló en su día que «un número de beneficiarios que habían quedado excluidos recibieron llamada telefónica o correo electrónico para cumplimentar la documentación fuera de plazo». Esta circunstancia no se hizo pública y el PP insiste en que supuso un perjuicio para el resto de demandantes, ya que afectó al reparto económico de las ayudas.
Los populares denuncian el incumplimiento del principio de trasparencia y publicidad que marcan las propias bases, ya que ni siquiera el informe de Intervención ha llegado a establecer si el aviso de un plazo extra se produjo por teléfono o por correo electrónico, y nunca por notificación oficial.