El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Maó ha exonerado de manera definitiva, en aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, los créditos que tenía pendientes un vecino de Maó .
En la sentencia del pasado 3 de mayo, la magistrada Belén Velázquez reconoce a este vecino, que era el administrativo de la empresa, el derecho a perdonarle la deuda, que ascendía a 505.241,33 euros y conservar la vivienda.
El hombre trabajaba como administrativo en una empresa, que pertenecía a un conglomerado de empresas dedicadas a la construcción. En 2007, según explica la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que le ha ayudado en el caso, le hizo firmar un aval, sabiendo que no tenía conocimientos como administrativo. La empresa entró en quiebra tras el boom inmobiliario y el banco empezó a reclamarle la cantidad del aval. Con el tiempo, un fondo buite compró esta deduda y para saldarla, además le reclamaban el piso que heredó de su madre, pero del que solo tenía una tercera parte de su propiedad. El afectado, por tanto, no podía pagar la cantidad que le reclamaban.
En contacto con la asociación, los abogados le recomendaron acogerse a la ley de segunda oportunidad. Con esto, consiguió en primer momento que cualquier pago o embargo quedase en suspenso hasta que no hubiera alguna resolución por parte del juez. Reclamó un acuerdo con el que se rebajase la deuda total hasta una cantidad mensual mínima asumible, pero la mayoría de los acreedores la rechazaron porque la encontraron insuficiente.
Posteriormente, presentó ante notario una distinción de 'deudor de buena fe', lo que le permitió pedir el perdón íntegro de todas las deudas. Este hecho ha sido reconocido por el juzgado, de modo que ha sido exonarado de todas ellas y liberarse de la carga que llevaba consigo. Además, ha podido conservar la parte de la casa que heredó y poder empezar una nueva etapa empresarial sin deudas que le lastren.
Según informa la asociación, para conseguir la condonación de las deudas, una persona que se vea involucrada en un caso similiar debe cumplir tres condiciones: no haber sido exonerado en los últimos cinco años, ser insolvente y no tener delitos de tipo socioeconómico.