Vecinos de la zona de Es Pla de Ciutadella llevan años intentando que se resuelva el problema de contaminación acústica, que les afecta en sus domicilios y que procede de locales de la principal zona de ocio nocturno de la ciudad. Ahora cuentan con una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Palma, que es firme desde el pasado miércoles, 5 de julio, y que obliga al Ayuntamiento a dos cosas: a llevar a cabo «las labores de inspección y control para el ejercicio de la eventual potestad sancionadora», es decir para multar a los locales que incumplan la ordenanza; y, en segundo lugar, exigir a los titulares de las terrazas o recintos al aire libre «un certificado con estudio acústico relativo a la incidencia real de la actividad en su entorno».
Los vecinos indican que las denuncias por exceso de ruido llevan presentándose al Ayuntamiento desde hace unos veinte años. De hecho, durante el proceso judicial, los representantes del municipio informaron de que se habían llevado a cabo «720 actuaciones relacionadas con la reclamación», además de la incorporación de limitadores de ruido en los equipos de música, pero los jueces consideran que estas acciones han resultado insuficientes para el cumplimiento de la ley.
La Fiscalía defendió la estimación de la reclamación de los vecinos y apuntó que para realizar los controles sonométricos se utilizan equipos desfasados y por lo tanto se encomienda a los agentes de la Policía Local llevar a cabo estas inspecciones sin disponer los medios adecuados para ello.
El apunte
Un informe pericial demuestra que se supera en más de un 50 % el límite de ruido permitido
La sentencia recoge un informe pericial aportado por los vecinos, que no ha sido controvertido por el Ayuntamiento, en el que se comprueba que en un dormitorio de un domicilio de la zona próxima a Es Pla, se superan en 16 decibelios el límite máximo permitido de ruido que es de 29 decibelios. La calle residencial más expuesta a esta contaminación acústica es Sa Muradeta, en la parte alta de la zona de Es Pla con más terrazas de ocio nocturno. En el caso de que el Ayuntamiento no actúe ante esta sentencia se puede pedir una «ejecución forzosa» del fallo.