La responsable de la Asociación Cultural Baladí, la bailarina de danza oriental V. J. S., acusada de falsear facturas para justificar el cobro de subvenciones públicas, se embolsó un total de 95.995 euros entre los años 2016 y 2020 en diversas ayudas del Consell, prácticamente el doble de lo expuesto por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. Lo reveló ayer el nuevo conseller de Cultura, Joan Pons Torres, quien anunció que el Consell ya ha contratado a un abogado y procurador para personarse en la causa abierta y acusó al anterior equipo de gobierno de no haber hecho «absolutamente nada» para defender los intereses de la institución insular, extremo que Més per Menorca, responsable del área de Cultura en la pasada legislatura, negaba horas después.
Pons Torres desveló que el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción Número 1 de Palma ofreció al Consell personarse en el procedimiento de diligencias previas por delitos continuados de estafa, falsedad documental y fraude en subvenciones, al entender que la institución menorquina era parte afectada en la causa. En una comparecencia pública acusó a sus predecesores en el gobierno insular de haber hecho oídos sordos a ese ofrecimiento.
«Cuando tuvieron la oportunidad de personarse en el procedimiento no hicieron absolutamente nada para defender los intereses de los menorquines ante esta presunta estafa», lamentó Pons Torres. El Consell llega ahora a tiempo de personarse en la causa, pero, como consecuencia de la demora, la institución no puede aportar nuevas pruebas ya que la instrucción ya se ha cerrado, denunció.
Respuesta de Més per Menorca
A través de un comunicado, Més per Menorca salió al paso de esas acusaciones para asegurar que sí tomó cartas en el asunto desde el momento en que tuvo conocimiento de que la Fiscalía investigaba un presunto fraude en las subvenciones recibidas por la Asociación Baladí. Primero, a raíz de la publicación en prensa de la investigación, ordenando un análisis de todas las subvenciones concedidas a esta entidad partir de 2016. Después, cuando el juzgado les ofreció personarse en la causa, decidiendo emprender acciones legales en nombre de la institución menorquina contra la bailarina, reclamándole responsabilidades por los daños causados y dando instrucciones a los Servicios Jurídicos en ese sentido. Aseguran que la labor de recaudar toda la información necesaria para cuantificar las subvenciones otorgadas a la Asociación Cultural Baladí y para documentar todas las actuaciones fue un trabajo conjunto de los técnicos del Servicio de Tesorería y del Departamento de Cultura con vistas a su traslado a los juzgados. En consecuencia acusan al conseller Pons Torres de «mentir y difamar para desprestigiar el impecable trabajo» de Més per Menorca al frente de Cultura, dejando sobre la mesa la duda sobre si finalmente el Consell se ha sumado a la causa abierta o a emprendido acciones legales por su cuenta.
El nuevo equipo de gobierno denuncia que los anteriores responsables de Més per Menorca, con el conseller Miquel Àngel Maria al frente, no ofrecieron información sobre el caso durante el traspaso de poderes, mientras que Més per Menorca subraya que esta asociación de danza ya recibía subvenciones del Consell antes del año 2015, durante el gobierno del PP, y que en cualquier caso en los dos últimos años no se ha presentado a más convocatorias.